La salida de Stephan Brunner del cargo de vicepresidente de la República no solo representa una renuncia política, sino también un movimiento con profundas implicaciones legales. Al dejar su puesto, Brunner pierde automáticamente el fuero de protección que lo blindaba ante ciertos procesos judiciales, lo que abre la puerta para que sea indagado y eventualmente sometido a medidas cautelares como parte de una causa penal vinculada al supuesto financiamiento irregular del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Fiscalía valora indagar al exvicepresidente
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó este miércoles que, tras la renuncia de Brunner, el expediente podría pasar a un proceso ordinario dentro de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), lo que permitiría su eventual comparecencia como imputado.
«Ahora podrían ser indagados y, de ser necesario, el fiscal podría solicitar medidas cautelares. El caso no comienza desde cero porque ya hay una acusación», indicó Díaz en declaraciones a CRHoy.
Hasta ahora, el proceso se mantenía en el ámbito de la jurisdicción especial, donde no era posible interrogar directamente al vicepresidente. Con su salida oficial del cargo, el panorama cambia radicalmente.
Acusación penal alcanza a siete figuras del PPSD
El caso conocido como «Financiamiento Jaguar» no solo involucra a Brunner. La acusación de la Fiscalía también señala directamente al presidente Rodrigo Chaves Robles por delitos electorales, en relación con presuntas irregularidades durante la campaña presidencial del 2022.
Junto a él figuran otros seis imputados:
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Pilar Cisneros Gallo, diputada y jefa de fracción del PPSD
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Arnoldo André Tinoco, canciller
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Luz Mary Alpízar Loaiza, diputada y presidenta del PPSD
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Paola Nájera Abarca, diputada del PPSD
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Julio «Waldo» Agüero Sanabria, diputado del PPSD
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Stephan Brunner Neibig, exvicepresidente
Todos enfrentan cargos por su presunta participación en mecanismos de financiamiento fuera del marco legal establecido por el Código Electoral.
Dos estructuras paralelas bajo investigación
Según la acusación formal, durante la campaña electoral 2021-2022 se habrían activado dos estructuras de financiamiento opacas:
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Un fideicomiso privado denominado Costa Rica Próspera
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Cuentas personales de Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Waldo Agüero y exasistente presidencial
Ambas vías operaron, según la Fiscalía, fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la tesorería del PPSD, incumpliendo lo dispuesto por la legislación electoral vigente.
FUENTE CRHOY
