La infraestructura educativa vuelve a encender las alarmas en Costa Rica. Un reciente informe de la Defensoría de los Habitantes reveló que decenas de escuelas y colegios continúan operando bajo condiciones que representan riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo.
De acuerdo con los datos analizados por la institución, 101 centros educativos mantienen órdenes sanitarias activas catalogadas como alertas rojas, reflejando problemas que van desde deterioro estructural hasta deficiencias que comprometen la seguridad de quienes utilizan diariamente estas instalaciones.
Limón figura entre las zonas más afectadas
Uno de los aspectos que más preocupa es la concentración de casos en determinadas regiones del país.
La provincia de Limón aparece como una de las más impactadas por la problemática, evidenciando las dificultades que enfrentan numerosas comunidades para contar con espacios adecuados para el proceso educativo.
La situación ha generado preocupación debido a que miles de estudiantes reciben lecciones en centros que requieren intervenciones urgentes para garantizar condiciones seguras.
Estudiar en condiciones adecuadas sigue siendo un reto
La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, señaló que el acceso a instalaciones dignas continúa siendo un desafío para una parte importante de la población estudiantil.
La funcionaria advirtió que las condiciones de algunos centros educativos afectan directamente el bienestar de las comunidades escolares y ponen de manifiesto la necesidad de acelerar las soluciones pendientes en materia de infraestructura.
El informe destaca que la calidad de la educación no depende únicamente de los programas académicos, sino también de los espacios físicos donde se desarrollan las actividades diarias.
Cientos de centros iniciaron el año con problemas sanitarios
La situación ya había sido motivo de preocupación desde el inicio del curso lectivo.
Según los datos recopilados por la Defensoría, cerca de 400 centros educativos comenzaron el año con órdenes sanitarias vigentes, mientras que aproximadamente 900 acumulaban advertencias relacionadas con condiciones de infraestructura y mantenimiento.
Estas cifras reflejan una problemática que se arrastra desde hace varios años y que continúa afectando a comunidades educativas en distintas partes del país.
MEP cuestiona los resultados del informe
Tras la divulgación de los datos, el Ministerio de Educación Pública manifestó que el documento presentado por la Defensoría no refleja necesariamente la situación actual de todos los centros señalados.
La institución indicó que durante los últimos meses se han ejecutado acciones y mejoras en varias instalaciones educativas, por lo que considera que algunos datos podrían no estar actualizados.
No obstante, el informe vuelve a colocar sobre la mesa una realidad que preocupa a padres de familia, docentes y estudiantes: el estado de la infraestructura educativa sigue siendo uno de los grandes retos pendientes del sistema educativo costarricense.
Mientras continúan las discusiones entre las instituciones involucradas, miles de estudiantes siguen asistiendo diariamente a centros educativos que esperan soluciones para garantizar condiciones seguras y adecuadas para el aprendizaje.
