La Cámara de Comercio de Costa Rica manifestó este viernes su respaldo al Gobierno de la presidenta Laura Fernández ante el creciente conflicto comercial y diplomático que enfrenta Costa Rica con Panamá por las restricciones aplicadas a productos nacionales.
Mediante un pronunciamiento oficial, el sector empresarial apoyó las acciones impulsadas por el Ejecutivo costarricense para exigir el cumplimiento de los acuerdos comerciales y las normas internacionales que regulan el intercambio entre ambos países.
El respaldo surge en medio de un ambiente de creciente tensión luego de que el presidente panameño José Raúl Mulino anunciara la suspensión de nuevas ventas de energía eléctrica hacia Costa Rica, ampliando así un conflicto que durante años se había concentrado principalmente en las exportaciones agropecuarias.
Pese al anuncio realizado desde Panamá, el Instituto Costarricense de Electricidad aclaró que actualmente el país no mantiene contratos firmes de importación eléctrica con Panamá y que tampoco proyecta adquirir energía panameña durante lo que resta del 2026.
La institución indicó además que el Sistema Eléctrico Nacional cuenta con capacidad suficiente para abastecer la demanda interna sin necesidad de recurrir a compras internacionales.
El presidente de la Cámara de Comercio, Arturo Rosabal, defendió la posición del Gobierno y afirmó que resulta indispensable garantizar reglas claras, seguridad jurídica y condiciones equitativas para el comercio regional.
La organización empresarial recordó que desde el año 2019 Panamá mantiene restricciones que han limitado el ingreso de productos costarricenses como carne de res, cerdo, pollo, lácteos, piña, banano y otros bienes agrícolas y pecuarios.
Según autoridades nacionales y sectores productivos, estas medidas han provocado importantes pérdidas económicas para exportadores costarricenses y afectaciones directas sobre el empleo rural y la actividad agroindustrial.
En paralelo, la Cámara Nacional de Productores de Leche también expresó su respaldo total a la administración de Laura Fernández y aseguró que el bloqueo a los lácteos nacionales ha generado pérdidas superiores a los 200 millones de dólares en casi seis años de restricciones.
El sector lechero sostuvo que Panamá ha mantenido medidas “injustificadas” contra productos costarricenses pese a resoluciones internacionales favorables para Costa Rica, e instó a ambos gobiernos a retomar el diálogo para evitar un mayor deterioro de las relaciones comerciales.
La tensión diplomática entre San José y Panamá ha venido aumentando en los últimos días tras declaraciones cruzadas entre Laura Fernández y José Raúl Mulino, en un conflicto que ahora también alcanza el sector energético y genera preocupación en distintos sectores económicos de la región.
