Un nuevo proyecto de ley empieza a mover el tablero político en Costa Rica. La Asamblea Legislativa de Costa Rica dio un primer paso clave luego de que la Comisión de Asuntos Electorales avalara una iniciativa que podría impedir la participación electoral de personas con deudas significativas ante la Caja Costarricense de Seguro Social.
¿Qué plantea el proyecto?
La propuesta, impulsada por el Frente Amplio Costa Rica, establece que no podrán postularse a cargos de elección popular quienes mantengan deudas superiores a 10 salarios base —aproximadamente ¢4,6 millones— siempre que estas sean firmes, exigibles y no cuenten con un arreglo de pago vigente.
El proyecto fue aprobado en comisión con cinco votos a favor y ninguno en contra, lo que le permite avanzar hacia su discusión en el plenario legislativo.
Clave jurídica: deudas “firmes y exigibles”
Uno de los puntos más relevantes del texto es que no cualquier deuda aplicaría como impedimento. La iniciativa especifica que debe tratarse de obligaciones confirmadas y exigibles, lo que abre un debate jurídico sobre casos en disputa o en proceso administrativo.
Además, se contemplan salidas para los contribuyentes: quienes mantengan un acuerdo de pago activo con la CCSS no quedarían excluidos de participar en elecciones.
Un contexto político que enciende el debate
Aunque el proyecto no menciona nombres, su discusión ocurre en medio de cuestionamientos hacia el diputado José Miguel Villalobos, a quien la CCSS le reclama una deuda que supera los ¢300 millones.
Sin embargo, ese caso aún no ha sido resuelto en sede judicial, lo que podría ser determinante si la ley llegara a aprobarse, dado que el propio texto exige que las deudas estén plenamente confirmadas.
Argumentos a favor de la propuesta
Desde la comisión, el diputado Antonio Ortega defendió la iniciativa señalando que busca establecer un estándar mínimo de responsabilidad para quienes aspiren a cargos públicos.
Según explicó, no se trata de castigar situaciones temporales, sino de fijar un criterio claro que fortalezca la transparencia y la confianza en el sistema electoral.
Lo que viene en el proceso
Tras este primer aval, el proyecto deberá superar varias etapas en el plenario, incluyendo rondas de mociones y ajustes antes de una eventual votación final.
El avance de esta propuesta abre un nuevo debate sobre los requisitos éticos y legales que deben cumplir quienes buscan representar a la ciudadanía en cargos públicos.
