La ruta judicial para la eventual extradición del exministro de Seguridad Celso Manuel Gamboa Sánchez hacia Estados Unidos dio un giro determinante este martes, luego de que un tribunal costarricense avalara suspender el último proceso penal que mantenía pendiente en el país.
El Tribunal Penal de Hacienda aprobó la solicitud del Ministerio Público, que planteó separar a Gamboa de un juicio por presunto tráfico de influencias mediante la aplicación de un criterio de oportunidad. Con esta figura legal, se congela la acción penal exclusivamente en su contra, permitiendo que el resto del proceso continúe con los demás imputados.
La decisión despeja el que era considerado el último obstáculo judicial interno para que Costa Rica concrete su entrega a Estados Unidos, donde Gamboa es requerido por cargos vinculados con narcotráfico internacional. En particular, enfrenta acusaciones ante la Corte del Distrito Este de Texas, relacionadas con conspiración y trasiego de grandes cargamentos de cocaína.
Con la resolución del tribunal, el expediente penal seguirá su curso únicamente para otros señalados, entre ellos el empresario Juan Carlos Bolaños, figura central del denominado caso Cementazo. En el caso específico de Gamboa, el debate queda en pausa hasta que se resuelva de forma definitiva su situación de extradición y, de concretarse su salida del país, se definirá el destino final de la causa.
Este proceso era especialmente sensible, ya que la extradición fue concedida de forma diferida: la normativa exige que primero se resolvieran los expedientes penales activos en Costa Rica antes de autorizar la remisión del imputado a jurisdicción extranjera. Por esa razón, la Fiscalía optó por una estrategia ya utilizada en causas anteriores, solicitando la suspensión del proceso en lugar de llevarlo a juicio, mecanismo que ya había sido validado por un juez en otro expediente.
Actualmente, la extradición de Gamboa se mantiene en fase de apelación, a la espera de que un tribunal superior confirme o revoque la decisión inicial que dio luz verde a su entrega. No obstante, con la separación formal de este último juicio, el escenario legal se inclina claramente a favor de su envío a suelo estadounidense.
El caso por el que ahora se suspende la acción penal tiene su origen en hechos ocurridos en 2017, cuando Gamboa aún formaba parte de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento, como magistrado de la Sala III, presidió la sesión en la que se desestimó una causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, quienes eran investigados por presunto tráfico de influencias en favor de Bolaños.
La resolución judicial marca un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos y polémicos de los últimos años en Costa Rica, en el que convergen política, justicia y crimen organizado, y que ahora trasciende definitivamente las fronteras nacionales.
