A partir de la próxima semana, las personas adolescentes en Costa Rica comenzarán a recibir un documento de identidad con un formato renovado que marca un giro importante en la forma en que se identifican ante instituciones y comercios.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que la nueva tarjeta de identidad para menores de edad adoptará prácticamente el mismo diseño, color y medidas de seguridad que la cédula de ciudadanía utilizada por los mayores de 18 años. El cambio incluye código QR, mejoras en la calidad de la fotografía y los mismos estándares tecnológicos aplicados actualmente al documento adulto.
Producción bajo demanda y mismo proveedor
Según detalló la autoridad electoral, el proceso de impresión será bajo demanda. Es decir, cada tarjeta se elaborará conforme sea solicitada, utilizando la misma empresa que fabrica las cédulas tradicionales. Por cada emisión, el Estado asumirá un costo individual de producción.
El trámite podrá realizarse en la sede central del TSE y, de acuerdo con lo informado, el proceso completo podría tardar menos de una hora.
¿Qué cambia en la información?
El nuevo documento mantendrá los datos esenciales: nombre completo, fotografía y número de identificación. Sin embargo, en el reverso se eliminarán algunos elementos que aparecían anteriormente, como la información de los padres o encargados legales.
Aunque el carné incluirá una indicación visible que lo identifica como “tarjeta de identidad de menor”, su similitud con la cédula de adulto ha generado inquietud en algunos sectores.
Especialistas advierten posible confusión
Profesionales en criminología y seguridad ciudadana señalan que el parecido podría generar errores en revisiones rápidas, especialmente en bares, supermercados y otros establecimientos donde la ley prohíbe la venta de bebidas alcohólicas o el ingreso a menores de edad.
El riesgo, explican, radica en que un dependiente que no revise con detenimiento podría no notar la diferencia y permitir una transacción indebida. En esos casos, el comercio se expone a sanciones administrativas, incluyendo multas y eventuales cierres temporales.
Además, advierten que cualquier intento de alterar el documento o utilizar una identificación falsa constituye un delito. La falsificación de documento público puede acarrear penas que oscilan entre seis meses y seis años de prisión, incluso si la persona involucrada es menor de edad, aunque el proceso judicial se tramitaría bajo la legislación penal juvenil.
Un cambio que exige mayor control
El rediseño busca modernizar el sistema de identificación y alinearlo con estándares tecnológicos actuales. No obstante, especialistas insisten en que el éxito de la medida dependerá también de la capacitación en comercios y de una verificación responsable del documento por parte de quienes deben controlar la edad de acceso o compra.
En un contexto donde la identificación oficial es clave para múltiples trámites —desde procesos educativos hasta gestiones bancarias— el nuevo formato abre una etapa distinta en la documentación de personas adolescentes en el país.
