Un nuevo frente de tensión política y jurídica se abre en Costa Rica tras la decisión del Partido Liberación Nacional de acudir a la Sala Constitucional para frenar el acuerdo migratorio suscrito por el gobierno de Rodrigo Chaves con Estados Unidos.
El secretario general verdiblanco, Miguel Guillén, presentó la impugnación alegando que el convenio podría repetir prácticas que ya fueron declaradas inconstitucionales en el país.
Advertencia por antecedentes legales
El eje de la crítica se centra en el modelo aplicado anteriormente en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), donde en 2025 se retuvo a personas deportadas en condiciones que, según resolvió la Sala Constitucional, violentaron su libertad personal.
Ese fallo obligó al Estado a liberar a los migrantes y evidenció fallas en la gestión institucional. Ahora, Guillén sostiene que el nuevo acuerdo reproduce ese mismo esquema.
“Se está repitiendo un error que ya le costó al país una condena constitucional”, advirtió el dirigente, señalando un posible riesgo de reincidencia en violaciones a derechos fundamentales.
Reacciones políticas elevan la presión
El tema no se limita al ámbito legal. Desde la Asamblea Legislativa, también surgieron cuestionamientos al acuerdo.
La diputada Sofía Guillén criticó con dureza la iniciativa, al considerar que el país no debería prestarse para recibir personas deportadas bajo condiciones que podrían comprometer su dignidad.
Sus declaraciones reflejan una preocupación creciente en sectores políticos sobre el enfoque que se le está dando a la política migratoria.
Defensa del Gobierno
Por su parte, el presidente Chaves ha defendido el convenio, asegurando que se trata de un acuerdo voluntario y que Costa Rica mantiene la potestad de aceptar o rechazar a las personas trasladadas.
El mandatario insiste en que el proceso se desarrollará respetando los derechos humanos, en un intento por desmarcarse de las críticas y del antecedente del CATEM.
Un debate que trasciende lo jurídico
Más allá del recurso presentado, el caso abre una discusión de fondo sobre el rol de Costa Rica en la gestión migratoria regional y su relación con Estados Unidos.
El país se enfrenta a un dilema complejo:
• Colaborar en estrategias migratorias internacionales
• Garantizar el respeto pleno a los derechos fundamentales
• Evitar repetir errores que ya han sido señalados por la justicia
Sala IV vuelve a ser protagonista
La intervención de la Sala Constitucional será clave para definir el rumbo de este acuerdo. Su eventual pronunciamiento podría no solo frenar la iniciativa, sino también sentar un precedente sobre los límites legales de este tipo de convenios.
Mientras tanto, el tema ya escala como uno de los principales focos de discusión política en el país, en un contexto donde la migración, la soberanía y los derechos humanos vuelven a cruzarse en el centro del debate nacional.
