La iniciativa crea un sistema diferenciado para empleo y uso judicial dentro de los antecedentes penales.
Gobierno impulsa reforma para cambiar la hoja de delincuencia
La presidenta Laura Fernández presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que modificaría la forma en que se registran y conservan los antecedentes penales en Costa Rica.
La propuesta forma parte del paquete de seguridad impulsado por el Poder Ejecutivo y busca eliminar lo que el Gobierno considera una limitación para jueces y cuerpos policiales al momento de conocer el historial de una persona.
Cambiaría sistema vigente desde 2016
Actualmente, los antecedentes penales son eliminados de los registros oficiales cinco años después de cumplida la condena.
Según la propuesta gubernamental, este mecanismo sería sustituido por un nuevo modelo de conservación de información.
Antecedentes laborales permanecerían 15 años
El proyecto establece que los antecedentes visibles en la hoja de delincuencia utilizada para trámites laborales permanecerían durante 15 años posteriores al cumplimiento de la condena.
La intención, según el Gobierno, es mantener un equilibrio entre el acceso a la información y la reinserción social.
Registros judiciales serían permanentes
Uno de los cambios más relevantes consiste en que jueces, fiscales y cuerpos policiales tendrían acceso permanente al historial delictivo de una persona.
De aprobarse la iniciativa, esa información nunca sería eliminada de los registros judiciales y policiales.
Gobierno cuestiona el “derecho al olvido”
Durante la presentación del proyecto, Fernández criticó la normativa actual y afirmó que el sistema favorece que antecedentes relevantes desaparezcan de los registros oficiales.
La mandataria sostiene que el historial delictivo debe estar disponible para valorar reincidencias, medidas cautelares, condenas y beneficios penitenciarios.
Propuesta forma parte del paquete de seguridad
La denominada Ley para la Seguridad Nacional, Registral y de Archivos Judiciales constituye una de las seis iniciativas entregadas por el Poder Ejecutivo al Congreso.
El proyecto ahora deberá iniciar su trámite legislativo, donde será analizado por los diputados antes de una eventual aprobación.
Debate llegará a la Asamblea Legislativa
La propuesta abre una discusión sobre el equilibrio entre la reinserción social de quienes cumplieron condenas y el acceso a información relevante para las autoridades judiciales.
Será la Asamblea Legislativa la encargada de determinar si el modelo actual se mantiene o si se adopta el nuevo sistema planteado por el Gobierno.
