El acuerdo migratorio entre Costa Rica y Estados Unidos abrió un nuevo frente de tensión política y jurídica, luego de que el secretario general del PLN, Miguel Guillén, acudiera a la Sala Constitucional para impugnar el convenio impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves.
El dirigente liberacionista cuestionó el modelo planteado, advirtiendo que podría repetir prácticas que ya fueron declaradas inconstitucionales en el pasado reciente.
Señalamientos por posible repetición de un esquema ilegal
Guillén argumenta que el acuerdo guarda similitudes con el funcionamiento del Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), donde en 2025 se retuvo a personas deportadas sin un sustento legal suficiente.
En ese caso, la Sala Constitucional determinó que se vulneró la libertad personal de los migrantes, ordenó su liberación y dejó en evidencia la responsabilidad del Estado costarricense.
Para el dirigente del PLN, el nuevo convenio podría volver a colocar al país en una situación similar, con riesgos de violaciones a derechos fundamentales.
Críticas desde distintos sectores políticos
La polémica no se limita al ámbito jurídico. Desde la Asamblea Legislativa también surgieron cuestionamientos, como los de la diputada Sofía Guillén, quien criticó con dureza la posibilidad de que Costa Rica reciba migrantes deportados bajo este esquema.
Sus declaraciones reflejan una preocupación creciente en algunos sectores políticos sobre el enfoque humanitario y legal del acuerdo.
Gobierno defiende el convenio
Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves ha defendido la iniciativa, asegurando que se trata de un acuerdo voluntario y que el país mantiene la potestad de aceptar o rechazar personas bajo ese marco.
El mandatario insistió en que el proceso se realizará respetando los derechos humanos, en un intento por desmarcarse de las críticas y evitar comparaciones con situaciones anteriores.
Un debate que escala a nivel constitucional
La acción presentada ante la Sala IV coloca nuevamente en el centro del debate la política migratoria del país, así como los límites legales de los acuerdos internacionales en esta materia.
De confirmarse los cuestionamientos, Costa Rica podría enfrentar un nuevo pronunciamiento constitucional que marque el rumbo de futuras decisiones en temas migratorios.
Seguridad, derechos y política en tensión
Este nuevo episodio evidencia cómo la gestión migratoria se ha convertido en un tema altamente sensible, donde confluyen intereses de seguridad, compromisos internacionales y garantías de derechos humanos.
El fallo que eventualmente emita la Sala Constitucional será determinante no solo para este acuerdo específico, sino también para definir el alcance de la cooperación internacional de Costa Rica en contextos similares.
