Todo un incendio político generaron las declaraciones del abogado constitucionalista Fabián Silva en el programa El Octavo Mandamiento del Canal 38 ¡OPA! Silva, quien fue presentado la semana anterior como uno de los asesores ad honorem de la presidenta electa, Laura Fernández, sugirió públicamente la necesidad de impulsar una reforma constitucional para autorizar la instalación de bases militares de Estados Unidos en Limón, Puntarenas y Guanacaste como estrategia contra el narcotráfico.
Ante esta propuesta, el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, reaccionó de forma tajante a través de un comunicado oficial, asegurando que la agrupación no permitirá que se toque el artículo 12 de la Constitución Política, el cual prohíbe el ejército como institución permanente.
Para el PLN, el planteamiento de Silva no es un asunto menor ni retórico, sino una amenaza directa a la decisión histórica de 1948.
“Costa Rica enfrenta una encrucijada que no admite ingenuidad. Se plantea una República que descansa en cuarteles y no en instituciones sólidas y el Estado de derecho”, señala el documento.
Guillén advirtió que militarizar la respuesta ante la inseguridad es un error probado por la historia.
“La experiencia comparada —de Colombia a México— demuestra que trasladar a los cuarteles una tarea policial puede agravar la violencia en lugar de resolverla”, enfatizó el líder liberacionista.
El comunicado también aprovechó para cuestionar la efectividad del actual gobierno y su continuidad bajo el mandato de Fernández:
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Improvisación en seguridad: El PLN recordó el reciente «episodio de Drake» como una muestra de la ausencia de una estrategia integral sostenida.
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Fragilidad fiscal: Denunciaron que el discurso de orden económico del «chavismo» es frágil. “Tras reformas duras, el déficit reaparece como amenaza y la deuda continúa presionando el futuro fiscal”, indica el texto, citando datos del propio Ministerio de Hacienda.
Para el secretario general del PLN, la propuesta de bases militares refleja una «doble deriva» del gobierno entrante: tensionar la tradición pacífica del país y exhibir una gestión económica sin resultados estructurales.
“La democracia costarricense no se protege militarizándola; se protege honrando su historia y fortaleciendo su ley. Defenderemos una Costa Rica donde la seguridad se construya con instituciones civiles fuertes”, concluyó Guillén.
