La reducción ronda el 42% del gasto operativo restante y afectaría diligencias, peritajes, traslados y atención judicial.
OIJ advierte que recorte presupuestario pondría en riesgo operativos en diciembre
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) podría enfrentar limitaciones para adquirir combustible y cubrir viáticos hacia diciembre, como consecuencia de una nueva retención de recursos aplicada al gasto operativo del Poder Judicial.
La medida supera los ₡3.000 millones y representa cerca del 42% de los recursos que la institución tenía programados para atender determinados gastos durante lo que resta de 2026.
Michael Soto, director interino del OIJ, advirtió que el impacto no se limitaría a tareas administrativas, pues podría reducir la capacidad para movilizar investigadores y desarrollar operativos en diferentes puntos del país.
Entre las actividades que podrían verse comprometidas están los desplazamientos para investigaciones, allanamientos, levantamientos de cuerpos y otras diligencias que requieren vehículos y personal fuera de las oficinas judiciales.
Recorte al OIJ comenzaría a sentirse con fuerza en diciembre
Las autoridades judiciales señalaron que los problemas relacionados con combustible y viáticos se harían más notorios hacia el cierre del año.
Soto manifestó preocupación por las consecuencias que esto podría generar en la capacidad operativa de la Policía Judicial, particularmente ante investigaciones vinculadas con narcotráfico, crimen organizado y otros delitos que demandan despliegues prolongados.
La falta de recursos para transporte también podría dificultar el movimiento de agentes hacia allanamientos, inspecciones y otras diligencias fuera de sus sedes habituales.
Además, las restricciones presupuestarias alcanzarían el mantenimiento de vehículos y edificios, así como diferentes servicios necesarios para mantener funcionando la estructura judicial durante los últimos meses del año.
Peritajes y traducciones también quedarían afectados
El impacto no estaría limitado al OIJ.
El Ministerio Público alertó sobre posibles dificultades para contratar peritajes especializados y traducciones, servicios utilizados en investigaciones penales, incluyendo expedientes relacionados con crimen organizado, legitimación de capitales y narcotráfico.
El fiscal general, Carlo Díaz, indicó que la falta de recursos para algunos dictámenes podría trasladar el costo a las personas interesadas en que determinadas diligencias continúen.
También podrían presentarse restricciones para traducciones de documentos provenientes del extranjero y servicios de interpretación requeridos durante procesos judiciales.
Defensa Pública alerta por funcionamiento de oficinas
La Defensa Pública también advirtió consecuencias derivadas de las restricciones en combustible y viáticos.
Su director, Juan Carlos Pérez, señaló que la situación podría afectar el funcionamiento de servicios brindados desde unas 20 oficinas, además de complicar el traslado de defensores a audiencias y juicios realizados fuera de sus lugares habituales de trabajo.
El escenario planteado por los jerarcas judiciales coloca el principal impacto hacia los últimos meses de 2026, cuando la disponibilidad de recursos operativos sería menor y el Poder Judicial tendría que priorizar cuáles actividades puede mantener con el presupuesto disponible.
