La medida busca reforzar los controles financieros relacionados con el estatus migratorio de los clientes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que instruye a las agencias reguladoras y entidades financieras a prestar mayor atención al estatus migratorio de sus clientes, en una medida que forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por su administración.
La disposición busca que organismos de supervisión bancaria y dependencias federales identifiquen posibles casos de personas sin autorización legal para permanecer en el país que mantengan cuentas bancarias, soliciten préstamos o accedan a productos financieros como tarjetas de crédito.
Aunque la decisión ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes, el texto final resultó menos estricto de lo que se había especulado semanas atrás. Versiones preliminares apuntaban a que los bancos podrían verse obligados a recopilar información específica sobre ciudadanía o situación migratoria de todos sus clientes, una obligación que finalmente no quedó establecida de manera directa en la orden firmada por Trump.
Desde la Casa Blanca argumentan que la medida busca proteger la estabilidad del sistema financiero. Según la administración, una eventual deportación de una persona que mantenga obligaciones crediticias podría aumentar el riesgo de incumplimiento de pagos, afectando a las instituciones financieras que otorgaron esos préstamos.
El gobierno estadounidense sostiene que pretende evitar que el sistema financiero asuma riesgos derivados de la concesión de créditos o servicios a personas sujetas a procesos de deportación o consideradas inadmisibles bajo la legislación migratoria vigente.
Sin embargo, expertos señalan que actualmente no existen datos públicos sólidos que permitan determinar el impacto real de este tipo de clientes sobre la banca estadounidense. Históricamente, las entidades financieras no han recopilado de forma generalizada información relacionada con la ciudadanía o condición migratoria de quienes abren cuentas o solicitan financiamiento.
Diversos estudios indican además que los inmigrantes sin documentos ya enfrentan importantes barreras para acceder al crédito formal. Investigaciones del Urban Institute estiman que la cantidad de hipotecas otorgadas a personas que utilizan un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) es relativamente baja en comparación con el mercado total de préstamos hipotecarios.
El ITIN es un mecanismo utilizado por contribuyentes que no poseen número de Seguro Social, incluyendo a numerosos trabajadores inmigrantes que cumplen con sus obligaciones tributarias en Estados Unidos. Aun así, muchas entidades financieras mantienen políticas restrictivas para este tipo de solicitantes, lo que limita significativamente su acceso a créditos para vivienda y otros productos financieros.
La orden ejecutiva se suma a otras medidas adoptadas por la administración Trump para restringir beneficios y programas disponibles para ciertos grupos migratorios. Entre ellas figura la decisión del Departamento del Tesoro de reclasificar determinados créditos fiscales reembolsables como beneficios públicos federales, lo que podría impedir que algunos inmigrantes accedan a esos recursos aun cuando paguen impuestos y cumplan otros requisitos establecidos por la ley.
Especialistas en temas fiscales han advertido que los principales afectados por estas modificaciones podrían ser beneficiarios de programas como DACA y personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes dependen de ciertas disposiciones para desarrollar su vida laboral y económica dentro del país.
La nueva orden refleja el enfoque que ha caracterizado la política migratoria de Trump durante su actual mandato: ampliar los mecanismos de control sobre la población migrante mediante la participación de distintas instituciones gubernamentales, incluyendo ahora una supervisión más estrecha del sector financiero. Mientras tanto, organizaciones civiles y expertos en derechos migratorios observan con atención los efectos que estas disposiciones podrían tener sobre millones de personas que residen y trabajan en territorio estadounidense.
