Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes que las autoridades de Irán han desplegado una represión militar a gran escala con el objetivo de sofocar las protestas sociales y ocultar las masacres cometidas contra manifestantes desde inicios de enero de 2026.
En un comunicado oficial, la organización defensora de los derechos humanos alertó sobre el uso de fuerza letal, detenciones arbitrarias y un severo control del país para impedir nuevas movilizaciones, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a intervenir de forma urgente para “romper el ciclo de derramamiento de sangre e impunidad”.
Miles de víctimas, cifras en disputa
Según la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, Mai Sato, al menos 5.000 personas habrían muerto durante los levantamientos populares registrados los días 8 y 9 de enero. Esta cifra contrasta con los 3.117 fallecidos reconocidos oficialmente por el Estado iraní.
Las protestas comenzaron en diciembre como reclamos contra la grave situación económica, pero evolucionaron rápidamente hacia exigencias de cambios políticos y la caída del régimen, lo que provocó una respuesta violenta de las fuerzas de seguridad.
Apagón informático y aislamiento de la población
Amnistía Internacional denunció que, desde el inicio de las manifestaciones, el Gobierno iraní mantiene un bloqueo casi total del acceso a internet, afectando deliberadamente a más de 90 millones de personas. Según la ONG, esta medida busca impedir la difusión de información, testimonios y evidencias sobre los abusos cometidos.
Detenciones masivas y denuncias de tortura
La represión incluyó arrestos masivos de miles de personas, entre ellas niños, estudiantes, defensores de derechos humanos, abogados, periodistas y miembros de minorías étnicas y religiosas.
AI advirtió que numerosos detenidos han sido víctimas de desapariciones forzadas, tortura, malos tratos y violencia sexual, y que muchos permanecen recluidos en cuarteles militares, almacenes y centros de detención improvisados, sin registro oficial ni acceso a asistencia legal.
Incluso, las fuerzas de seguridad habrían ingresado a hospitales para detener a personas que recibían atención médica, sin presentar órdenes judiciales.
Presiones a las familias y entierros clandestinos
La organización también denunció un patrón de intimidación y presión contra las familias de las víctimas. Entre los hechos documentados se encuentran entierros masivos no notificados, sepulturas realizadas de noche bajo vigilancia armada y la exigencia de pagos económicos para la entrega de los cuerpos.
Asimismo, las autoridades habrían obligado a familiares a declarar públicamente que sus seres queridos eran miembros de milicias, y no manifestantes, como condición para recuperar los restos.
País bajo control militar
De acuerdo con Amnistía Internacional, amplias zonas de Irán permanecen bajo control militar, con patrullajes armados constantes, toques de queda nocturnos y prohibición de reuniones públicas de más de dos personas.
Ante este escenario, la organización reiteró su llamado a la comunidad internacional para adoptar medidas urgentes y coordinadas que permitan frenar la represión y garantizar justicia para las víctimas.
“Se necesitan acciones internacionales inmediatas para poner fin al derramamiento de sangre y a la impunidad que impera en Irán”,
