Fallas en reclutamiento policial exponen al Ministerio de Seguridad, según auditoría
Un informe especial de la Contraloría General de la República identificó debilidades en el proceso de reclutamiento y selección de policías del Ministerio de Seguridad Pública que, según la auditoría, aumentan el riesgo de infiltración del crimen organizado y la contratación de personal que no cumple con los requisitos éticos, psicológicos y administrativos.
El análisis concluyó que el sistema actual carece de controles suficientes para prevenir amenazas durante la incorporación de nuevos oficiales, pese a que estos desempeñan funciones de seguridad pública y portan armas del Estado.
Omisiones en expedientes y controles incompletos
La auditoría revisó una muestra de 95 expedientes de nombramientos realizados entre 2022 y 2026 y encontró múltiples inconsistencias.
Entre los principales hallazgos figura que el 62% de los expedientes no completó el apartado relacionado con el traslado a la comisión encargada de revisar casos complejos. Además, en el 36% de los casos donde se decidió no remitir el expediente a esa comisión, no existía una justificación documentada.
También se detectó que el 37% de los expedientes no tenía evidencia del inicio o aprobación del período de prueba, mientras que el 27% carecía de respaldo sobre el Curso de Gestión Policial impartido por la Academia Nacional de Policía.
La Contraloría también señaló la ausencia de formularios estandarizados para documentar investigaciones de preempleo y la revisión de redes sociales de los aspirantes.
Vacantes y retrasos afectan el servicio
El informe indica que, al inicio de 2026, el Ministerio de Seguridad tenía 17.528 plazas policiales, de las cuales 1.766 permanecían vacantes.
La categoría más afectada fue la de agente de policía, con 822 puestos sin ocupar. Según la auditoría, los atrasos administrativos provocan incluso que las pruebas de algunos aspirantes pierdan vigencia antes de que puedan ser nombrados.
Riesgo con policías inhabilitados
Otro de los hallazgos señala que entre marzo de 2022 y mayo de 2026 fueron dados de baja 187 funcionarios, pero el 80% de ellos no aparece inscrito en el Registro de Inelegibles de la Plataforma Integrada de Empleo Público.
La revisión también detectó que seis personas inhabilitadas por el Ministerio de Seguridad fueron contratadas posteriormente por otras instituciones públicas.
Contraloría ordena corregir el proceso
Como resultado de la auditoría, la Contraloría ordenó actualizar y oficializar el procedimiento de reclutamiento, incorporar una valoración integral de riesgos y registrar en la Plataforma Integrada de Empleo Público a las personas inhabilitadas conforme a la Ley General de Policía.
