La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo el foco de las autoridades estadounidenses luego de que agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaran una serie de diligencias para esclarecer el manejo de millonarios recursos que pasaron por el sistema financiero de ese país.
La pesquisa busca determinar si algunas de las operaciones realizadas por la AFA podrían haber violado la legislación federal de Estados Unidos, incluyendo eventuales delitos como lavado de dinero o fraude financiero.
FBI ya comenzó a tomar testimonios
Las investigaciones avanzan en paralelo al Mundial de 2026 que se disputa en territorio estadounidense. Según trascendió, los fiscales federales ya comenzaron a entrevistar a personas que tendrían conocimiento sobre la estructura financiera utilizada por la federación argentina para administrar contratos comerciales internacionales.
Uno de los testimonios más relevantes fue el del empresario Guillermo Tofoni, quien sostuvo una reunión virtual de aproximadamente tres horas con investigadores del FBI y fiscales federales de Washington D. C. y Miami.
Aunque el empresario evitó confirmar oficialmente el encuentro, diversas fuentes señalaron que las autoridades buscan reconstruir cómo se administraron importantes sumas de dinero durante la gestión encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
Millones de dólares bajo revisión
Uno de los principales ejes de la investigación gira alrededor de TourProdEnter LLC, empresa utilizada para gestionar contratos internacionales de patrocinio y derechos comerciales de la AFA.
Según documentación divulgada por el diario argentino La Nación, mediante esa sociedad se habrían movilizado al menos 260 millones de dólares utilizando cuentas bancarias en entidades estadounidenses como Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank y Synovus.
Los investigadores intentan establecer si todos esos recursos tuvieron un destino debidamente justificado o si parte del dinero fue transferido a sociedades y personas sin una contraprestación económica claramente documentada.
Dentro del análisis también aparecen movimientos por aproximadamente 57 millones de dólares cuya justificación continúa siendo revisada por las autoridades.
Empresas y transferencias bajo análisis
La documentación conocida señala que parte de esos recursos habría sido enviada a diferentes sociedades comerciales y beneficiarios relacionados con dirigentes o personas cercanas al entorno de la AFA.
Entre ellas figuran empresas vinculadas con Pablo Toviggino y familiares, además de otras sociedades que actualmente forman parte del análisis financiero desarrollado por el Departamento de Justicia.
Los investigadores buscan reconstruir completamente el recorrido que siguieron esos fondos dentro del sistema bancario estadounidense.
Investigación comenzó en 2025
El caso es dirigido por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes cuentan con experiencia en investigaciones relacionadas con delitos financieros y lavado de activos.
Las diligencias iniciaron durante 2025 y actualmente permanecen en una etapa preliminar, por lo que todavía no existe una acusación formal contra la AFA ni contra sus dirigentes.
La AFA pide respetar la presunción de inocencia
Mientras avanzan las investigaciones, representantes de la Asociación del Fútbol Argentino participaron en un foro celebrado en Miami, donde insistieron en que debe respetarse la presunción de inocencia.
Los voceros señalaron que el hecho de que existan diligencias e investigaciones abiertas no significa que se haya determinado responsabilidad penal alguna.
Un caso que volvió a tomar fuerza
El interés de las autoridades estadounidenses había surgido inicialmente en 2024, cuando se compartió información relacionada con operaciones financieras de la AFA.
En aquel momento el FBI concluyó que no existían elementos suficientes para abrir una causa penal.
Sin embargo, nuevas investigaciones periodísticas sobre el manejo de contratos internacionales y el movimiento de recursos a través de empresas radicadas en Florida llevaron al Departamento de Justicia a reactivar el análisis.
Ahora, toda esa documentación financiera forma parte del expediente que permitirá a las autoridades estadounidenses determinar si existen suficientes elementos para abrir una investigación penal formal bajo jurisdicción federal.
