jueves, 4 junio 2026
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El oscuro secreto del colombiano que apareció decapitado en Cambronero y arrastró a su familia a la tragedia

Vivía entre lujos y decía vender perfumes: el crimen brutal que destapó una red narco internacional en Costa Rica.

Lo que parecía ser la vida tranquila de un colombiano radicado en Costa Rica terminó convertido en uno de los expedientes criminales más violentos y perturbadores que ha investigado el OIJ.

Detrás de un hombre que aseguraba dedicarse a vender carros y perfumes, las autoridades descubrieron una estructura ligada al narcotráfico internacional, secuestros, ajustes de cuentas y un asesinato ejecutado con extrema brutalidad.

El caso volvió a estremecer recientemente luego de que el investigador judicial Nelson Solís Araya y la médica forense Laura Quirós Abarca revelaran detalles inéditos en el pódcast Expediente Cero 43, donde reconstruyeron cómo las malas decisiones de Diego García terminaron no solo destruyéndolo a él, sino también golpeando a toda su familia.

Una escena que impactó hasta a los investigadores

La madrugada del 28 de abril del 2018, un vecino que transitaba por una solitaria calle en la ruta de Cambronero hizo un hallazgo aterrador: el cuerpo decapitado de un hombre y, a pocos metros, su cabeza.

La escena era tan violenta que incluso impactó a los agentes judiciales y especialistas acostumbrados a investigar homicidios complejos.

La víctima fue identificada como Diego García Lehmus, un colombiano de 42 años que vivía en Montelimar de Goicoechea, muy cerca de los tribunales.

Aunque ante familiares y conocidos decía trabajar vendiendo perfumes y vehículos, el OIJ descubrió que llevaba una vida llena de lujos difíciles de justificar.

Manejaba un carro valorado en unos $40 mil, pagaba un alquiler elevado y mantenía un estilo de vida cómodo sin un empleo formal claro.

Para los investigadores, aquello era apenas la fachada.

El rol que tenía dentro de la organización criminal

Según explicó el investigador Nelson Solís, Diego formaba parte de una estructura dedicada al trasiego internacional de drogas entre Colombia, Centroamérica y Costa Rica.

Su función era servir como testaferro de la organización.

Las autoridades determinaron que recibía dinero en montos pequeños para evitar alertas bancarias y posteriormente distribuía esos recursos dentro de la red criminal.

El problema empezó cuando, aparentemente, comenzó a gastar dinero sin autorización del grupo.

Vehículos, movimientos económicos y un estilo de vida demasiado visible hicieron que levantara sospechas entre los líderes de la organización.

La situación empeoró tras la muerte del cabecilla de la estructura criminal, asesinado en Colombia luego de un conflicto con narcotraficantes a finales del 2017.

Tras ese homicidio, parte del dinero quedó repartido entre varios testaferros, incluido Diego.

Poco después, familiares del líder asesinado llegaron a Costa Rica y comenzó una especie de “cacería” contra quienes consideraban traidores o desleales.

Una cadena de violencia en Costa Rica

La investigación permitió relacionar varios hechos violentos ocurridos en el país durante el 2018.

Las autoridades encontraron conexiones entre homicidios, secuestros y ataques armados ejecutados en distintos puntos como Curridabat, Escazú y Liberia.

Según el OIJ, todos los casos compartían características similares y apuntaban a la misma estructura criminal.

La noche del 26 de abril del 2018, Diego regresaba a su casa en Goicoechea cuando varios hombres armados lo interceptaron.

Dos vehículos le cerraron el paso y los sospechosos se lo llevaron por la fuerza.

Desde ese momento comenzó un secuestro marcado por la violencia y la tortura.

La negociación que nunca terminó salvándolo

Los captores trasladaron a Diego hasta una vivienda cercana a la ruta de Cambronero, en San Ramón.

Ahí iniciaron llamadas con la familia del colombiano en busca de dinero.

Sin embargo, el investigador judicial reveló que el objetivo real probablemente nunca fue cobrar un rescate millonario.

Las exigencias económicas eran relativamente bajas y el tiempo de negociación fue demasiado corto.

Incluso uno de los hermanos aseguró posteriormente que no tuvieron tiempo para reunir dinero ni buscar préstamos.

Para el OIJ, los delincuentes buscaban castigar a Diego por supuestamente quedarse con dinero de la organización y aprovechar de sacarle algo adicional a sus familiares antes de matarlo.

La familia tampoco informó a las autoridades mientras ocurría el secuestro, algo que terminó dificultando aún más cualquier posibilidad de reacción.

Horas de tortura y una muerte brutal

La doctora Laura Quirós, quien participó en la autopsia y análisis de la escena, reveló que el cuerpo presentaba señales extremas de violencia.

Diego tenía fracturas, golpes severos, heridas cortantes profundas y lesiones de defensa en brazos y manos, señal de que intentó resistirse.

Las heridas indicaban que fue golpeado durante un periodo prolongado antes de morir.

Incluso algunos cortes hacían pensar que pudo haber estado sentado mientras era atacado.

Finalmente, la lesión mortal fue la decapitación.

El cuerpo apareció abandonado en un sitio conocido como Tres Vías, entre San Ramón y Cambronero.

La pista que permitió descubrir la casa del horror

Las autoridades comenzaron a reconstruir el caso mediante registros telefónicos y rastreo de llamadas hechas a la familia.

Una torre celular permitió ubicar la zona donde Diego permaneció cautivo.

Después, un vecino comentó que cerca del lugar vivían varios colombianos.

Los investigadores también identificaron coincidencias entre fotografías enviadas a la familia y una vivienda específica.

Pero hubo un detalle que terminó llamando poderosamente la atención.

Los vecinos recordaban que la noche del secuestro hubo una fiesta con música extremadamente alta.

La sospecha de los agentes era clara: el ruido posiblemente se utilizó para ocultar los gritos de la víctima mientras era torturada.

Durante las vigilancias, un agente encontró además las llaves del vehículo de Diego tiradas al otro lado de la calle.

Eso fortaleció las sospechas y permitió ejecutar el allanamiento.

Lo que encontraron dentro de la propiedad

Cuando el OIJ ingresó a la vivienda encontró un fuerte olor a marihuana.

Dentro operaba un laboratorio clandestino.

Además, descubrieron un baño con rejas y una silla donde, según los investigadores, Diego estuvo retenido antes de ser asesinado.

Uno de los sospechosos, de apellido Zúñiga, fue detenido poco después.

En su teléfono celular encontraron mensajes relacionados con el secuestro, contactos de otros implicados y referencias a un sujeto apodado “Guadaña”, vinculado al caso.

El audio que estremeció a las autoridades

Uno de los elementos más perturbadores fue un audio enviado a la familia del colombiano durante el secuestro.

“Mueve, mueve, que sea rápido… estoy harto, estoy cabreado…”

Para el OIJ, ese audio fue clave para relacionar a varios sospechosos extranjeros que habrían llegado específicamente a Costa Rica para ejecutar el crimen.

Según el investigador, muchos de ellos operaban de manera itinerante: entraban al país, cumplían misiones y luego desaparecían.

La tragedia que también golpeó a su familia

La familia de Diego terminó enterándose de su muerte de la forma más cruel posible.

Vieron fotografías del cuerpo circulando en redes sociales y medios digitales, y luego contactaron a personas cercanas a él en Costa Rica.

Después del asesinato, ocurrió otro episodio devastador.

Según relató el investigador, semanas después llegaron abogados a la casa de la familia en Colombia y tuvieron que entregar la vivienda, aparentemente por presiones ligadas a la misma red criminal.

Al final, las consecuencias de las decisiones de Diego no terminaron con su muerte.

También alcanzaron a sus seres queridos.

Condenas y sospechosos aún prófugos

En el 2020, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos logró condenar a Hugo Londoño Mejía, Bryan Zúñiga Quirós, José Muñoz Madrigal y Martín Lewín Ramírez.

Entre todos recibieron 76 años de prisión por secuestro con resultado de muerte y tráfico de drogas.

Pese a ello, el OIJ confirmó que todavía existen órdenes de captura vigentes contra otros sospechosos vinculados a la organización criminal.

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