La diputada electa por Heredia, Marta Esquivel Rodríguez, logró un fallo parcial a su favor en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tras interponer un recurso de amparo contra el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el contexto del denominado caso “Barrenador”.
La resolución introduce un elemento clave en el proceso: el reconocimiento de que, durante la investigación, se produjeron acciones que vulneraron derechos fundamentales de la funcionaria.
Sala IV señala exposición indebida
Según lo establecido por los magistrados, la actuación del OIJ permitió que se divulgara información sensible que facilitó la identificación de Esquivel, pese a tratarse de una fase preliminar.
Para el alto tribunal, esta situación sobrepasó los límites del interés público, afectando principios esenciales como el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia, pilares del debido proceso en el sistema judicial costarricense.
Un fallo parcial, no absoluto
A pesar del señalamiento, la Sala fue clara en que el recurso se acogió de forma parcial. Esto significa que no se anulan las diligencias realizadas por las autoridades judiciales ni se detiene el avance del caso.
En términos prácticos, la investigación conocida como “Barrenador” seguirá su curso en las instancias correspondientes, mientras se ajustan los aspectos señalados por la resolución.
Reacciones tras la decisión
Tras conocerse el fallo, el OIJ indicó que procederá a analizar el contenido de la sentencia para determinar los pasos a seguir en adelante. Este tipo de revisiones internas son habituales cuando existen observaciones de la Sala Constitucional.
El pronunciamiento también podría marcar un precedente en cuanto al manejo de información en investigaciones en curso, especialmente cuando involucran figuras públicas.
Un tema sensible en la agenda pública
El caso vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre el derecho a la información y la protección de garantías individuales, particularmente en procesos judiciales que aún no han llegado a una etapa concluyente.
En Costa Rica, este tipo de resoluciones suele generar debate tanto en el ámbito legal como político, debido a sus implicaciones en la transparencia institucional y el respeto al debido proceso.
