La discusión sobre las condiciones dentro del sistema penitenciario costarricense sumó un nuevo capítulo en la Asamblea Legislativa. Esta vez, la diputada del Partido Liberación Nacional, Dinorah Barquero, cuestionó abiertamente las recientes restricciones a las visitas conyugales en centros penales.
Durante una sesión de la Comisión de Seguridad, la legisladora planteó que reducir la frecuencia de las visitas íntimas podría tener consecuencias no previstas, especialmente en términos de convivencia dentro de las cárceles.
Advertencia sobre posibles efectos internos
Barquero fue directa al señalar que limitar este tipo de visitas podría incidir en el aumento de tensiones entre privados de libertad. Según explicó, la medida podría impactar la estabilidad emocional de la población penitenciaria y derivar en más episodios de violencia sexual.
“Reducir la frecuencia de la visita conyugal podría generar un problema adicional que termine reflejándose en agresiones dentro de las celdas”, advirtió.
Además, indicó que este tipo de situaciones, de presentarse, afectaría principalmente a los reclusos en condición de mayor vulnerabilidad dentro del sistema.
Debate técnico y antecedentes
Las declaraciones surgieron como respuesta a la participación de William Venegas, exdirector de la Policía Penitenciaria, quien defendió el papel histórico de la visita íntima como una herramienta que ayudó a disminuir incidentes de agresión sexual en los centros penales.
En esa línea, Barquero recordó que la implementación de este tipo de visitas no fue casual, sino una medida adoptada para regular dinámicas internas en las cárceles y mejorar la convivencia. Con el tiempo, incluso se amplió para incluir a parejas del mismo sexo, como parte de ajustes en derechos y condiciones del sistema.
Señalamientos sobre toma de decisiones
La diputada también puso sobre la mesa la necesidad de que las políticas penitenciarias respondan a criterios técnicos y no únicamente a decisiones coyunturales. Mencionó que, en el pasado, algunas determinaciones sin el debido análisis generaron problemas en materia de seguridad y administración carcelaria.
El trasfondo de las restricciones
Las medidas cuestionadas fueron impulsadas por la administración del presidente Rodrigo Chaves como parte de una estrategia para limitar actividades ilícitas dentro de los centros penales.
Entre los cambios aplicados destacan la reducción en la frecuencia de visitas conyugales en módulos de máxima seguridad, mayores controles en encomiendas y limitaciones en las comunicaciones telefónicas.
Desde el Gobierno, el argumento central ha sido cerrar espacios que podrían ser utilizados por estructuras criminales para operar desde prisión, incluyendo redes de narcotráfico, extorsión y otras actividades ilegales.
Un debate que sigue abierto
La discusión evidencia dos visiones distintas sobre la gestión penitenciaria: por un lado, el énfasis en seguridad y control de actividades ilícitas; por otro, las preocupaciones sobre las condiciones internas y posibles efectos en la población privada de libertad.
El tema continúa generando posiciones encontradas dentro del ámbito político, en un contexto donde el sistema carcelario costarricense enfrenta presiones tanto en seguridad como en derechos humanos.
