La reciente incautación de más de una tonelada de cocaína en la frontera sur de Nicaragua, presentada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como un golpe importante contra el narcotráfico, abrió un nuevo foco de controversia en la región. La versión oficial, lejos de cerrar el caso, ha provocado dudas y críticas por la forma en que fue exhibido el operativo ante la opinión pública.
Uno de los cuestionamientos más fuertes vino del abogado nicaragüense en el exilio Yader Morazán, quien aseguró que el decomiso tendría características propias de un montaje mediático. Sus declaraciones, retomadas por el medio independiente 100% Noticias, apuntan a presuntas fallas en el procedimiento y a una exposición pública que, según él, no se ajusta a los estándares mínimos de una investigación criminal seria.
Críticas al manejo del supuesto decomiso
Morazán sostuvo que una incautación de más de 1,3 toneladas de cocaína en un punto tan sensible como Peñas Blancas debió ejecutarse bajo protocolos mucho más estrictos. Entre los aspectos que señaló están el acordonamiento inmediato del sitio, una inspección ocular detallada, la documentación fotográfica y planimétrica de la escena, así como el embalaje individual de cada evidencia bajo una cadena de custodia rigurosa.
Desde su perspectiva, nada de eso quedó claramente reflejado en la presentación hecha por la Policía nicaragüense. Por el contrario, considera que lo mostrado al público parecía responder más a una estrategia propagandística que a una investigación técnica y sólida. Esa apreciación alimenta las sospechas de sectores opositores, que desde hace años denuncian el uso político de distintos operativos por parte del régimen sandinista.
La declaración del detenido aumentó las dudas
Otro de los elementos que encendió las alarmas fue la aparición pública del supuesto implicado, identificado como Juan José Ríos Trujillo. Durante una intervención ante periodistas oficialistas, el hombre relató con aparente tranquilidad que la carga fue introducida días antes en una bodega ubicada en Calle Blancos, al norte de San José, y que el trayecto tenía como destino final Guatemala.
Según su versión, había cargado el camión el viernes 27 de marzo en San José, cerca de Ruta 32, y aceptó trasladar la droga a cambio de 1.800 dólares. También dijo que recibió las instrucciones de una persona llamada Jorge y que debía entregar el cargamento a un sujeto identificado como Luis una vez llegara a territorio guatemalteco.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su relato sobre el paso fronterizo. Ríos Trujillo aseguró que logró salir de Costa Rica sin inconvenientes, incluso después de pasar por escáneres y controles, y que fue únicamente del lado nicaragüense donde surgieron sospechas y se detectó la droga. Esa afirmación ha generado preguntas inevitables sobre la trazabilidad del caso, la verificación de los controles fronterizos y la credibilidad del testimonio presentado.
Un contexto que complica la versión oficial
La polémica no surge en el vacío. En meses recientes, Nicaragua ha sido señalada por organismos internacionales por un aparente debilitamiento de sus acciones contra el narcotráfico. De hecho, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió retrocesos en esa materia, al incluir observaciones sobre el deterioro institucional del país dentro del Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 2025.
Ese contexto le da mayor peso a las sospechas expresadas por críticos del régimen, quienes consideran que un decomiso de esta magnitud también podría servir como vitrina política para proyectar una imagen de eficiencia ante la comunidad internacional y ante la población nicaragüense.
Costa Rica aparece de nuevo en la discusión regional
El caso también salpica a Costa Rica, no solo porque el supuesto cargamento habría salido desde San José, sino porque pone sobre la mesa el tema de los controles en la frontera norte y la presión creciente del narcotráfico sobre las rutas terrestres de Centroamérica. La mención de sectores como Calle Blancos y Ruta 32 añade una dimensión delicada al tema, al involucrar puntos estratégicos del territorio costarricense dentro del relato del detenido.
Más allá de si la versión oficial nicaragüense logra sostenerse o no, el episodio vuelve a evidenciar que la seguridad regional y la cooperación antidrogas siguen siendo asuntos sensibles, donde cualquier inconsistencia puede desatar tensiones diplomáticas, dudas institucionales y un fuerte debate público.
Por ahora, la incautación presentada como un gran golpe al narcotráfico no solo enfrenta cuestionamientos sobre su ejecución, sino también sobre la narrativa construida alrededor del caso. En lugar de disipar dudas, la exposición del operativo ha dejado nuevas preguntas abiertas tanto en Nicaragua como en Costa Rica.
