En medio de la creciente preocupación por la seguridad en el país, la presidenta electa Laura Fernández Delgado abrió la puerta a un giro en la estrategia contra el crimen organizado: tomar como referencia el modelo implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
Sus declaraciones, brindadas a un medio internacional, colocan el tema de la seguridad en el centro del debate nacional, en un contexto donde los homicidios y la actividad del narcotráfico mantienen en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.
Un cambio de enfoque en seguridad
Fernández dejó claro que su eventual administración valora medidas más estrictas, especialmente enfocadas en el sistema penitenciario. La intención, según explicó, es frenar la operación de estructuras criminales que continúan coordinando actividades ilícitas desde las cárceles.
Entre los objetivos planteados destaca:
• Recuperar el control total de los centros penales
• Reducir la capacidad de mando de grupos criminales desde prisión
• Endurecer las condiciones para quienes lideran organizaciones delictivas
La jerarca electa fue enfática al señalar que el país necesita acciones más contundentes para enfrentar la realidad actual.
El modelo Bukele como referencia
El enfoque que impulsa Nayib Bukele ha sido reconocido internacionalmente por su impacto en la reducción de la violencia en ese país, principalmente a través de medidas de alta intensidad contra pandillas.
Sin embargo, este modelo también ha generado controversia. La implementación de un régimen de excepción —que permite detenciones sin orden judicial— ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos, lo que abre un debate inevitable en Costa Rica sobre los límites legales de una estrategia similar.
El desafío legal en Costa Rica
A diferencia de El Salvador, Costa Rica cuenta con un marco constitucional robusto y con controles institucionales claros, como los ejercidos por la Sala Constitucional.
Esto implica que cualquier intento de replicar medidas del modelo salvadoreño deberá adaptarse a:
• Las garantías constitucionales
• El debido proceso
• Los compromisos internacionales en derechos humanos
En otras palabras, no se trataría de una copia directa, sino de una adaptación ajustada al Estado de Derecho costarricense.
Seguridad vs. derechos: el debate que se intensifica
El planteamiento de Fernández llega en un momento donde el país enfrenta cifras preocupantes en materia de criminalidad, lo que ha generado presión para adoptar políticas más firmes.
Por un lado, hay sectores que demandan acciones inmediatas y contundentes contra el crimen organizado. Por otro, existen voces que advierten sobre los riesgos de debilitar garantías fundamentales en nombre de la seguridad.
Este escenario anticipa una discusión profunda en la agenda política nacional, donde se pondrán sobre la mesa dos prioridades clave: la eficacia en la lucha contra el crimen y la protección de los derechos fundamentales.
