La controversia por la implementación de escáneres antidrogas en el país escaló a un nuevo nivel tras la reacción de la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, quien salió al paso de declaraciones emitidas por el presidente Rodrigo Chaves Robles y negó tajantemente haber obstaculizado el proyecto.
Las afirmaciones del mandatario se dieron durante una actividad en Peñas Blancas, donde aseguró que la jerarca habría frenado el avance de los escáneres e incluso insinuó que se debía orientar el proceso hacia determinados proveedores internacionales. Estas declaraciones encendieron el debate en torno a uno de los proyectos clave en materia de seguridad y control fronterizo.
Niegan oposición a tecnología clave contra el narcotráfico
Desde la Contraloría General de la República se rechazó la versión presidencial y se aclaró que la institución no se opone a la implementación de sistemas de control no intrusivo, considerados herramientas fundamentales para combatir el narcotráfico y fortalecer la vigilancia en puntos estratégicos del país.
Acosta fue enfática en señalar que, contrario a lo indicado por el presidente, en ningún momento ha recomendado empresas específicas ni ha intervenido para favorecer a algún proveedor dentro del proceso de contratación.
Además, cuestionó la veracidad de los señalamientos y los calificó como parte de una narrativa reiterada contra la institución. “Es un viejo recurso construir, una y otra vez, hechos falsos contra la entidad que represento o contra mi persona”, manifestó, al tiempo que solicitó una rectificación formal por parte del mandatario.
Un proyecto marcado por cuestionamientos previos
El trasfondo de este nuevo choque político se remonta al año 2023, cuando la Contraloría decidió suspender el proceso de adquisición de escáneres tras detectar aparentes inconsistencias en el modelo de contratación planteado.
En ese momento, el análisis técnico puso la lupa sobre la forma en que se pretendía adjudicar el proyecto, particularmente por su vínculo con la Radiográfica Costarricense (RACSA). El órgano fiscalizador advirtió debilidades en el procedimiento, lo que obligó a frenar temporalmente la iniciativa.
Seguridad, control y tensión política en juego
La instalación de escáneres en puntos clave como puertos y fronteras ha sido planteada como una medida estratégica para reforzar la lucha contra el tráfico de drogas, especialmente en rutas utilizadas para exportación.
Sin embargo, las diferencias entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría evidencian las tensiones que rodean la ejecución de este tipo de proyectos, donde aspectos técnicos, legales y políticos se entrelazan en decisiones de alto impacto para el país.
