Una denuncia por presunto maltrato hacia un menor de edad provocó la separación inmediata de una funcionaria de un CEN-CINAI en San Juan Sur de Corralillo, en Cartago, en una acción que activó los protocolos de protección infantil del Ministerio de Salud.
El caso salió a la luz tras un señalamiento que involucra, en apariencia, a un niño de apenas tres años, lo que encendió las alarmas dentro de la institución y obligó a una respuesta inmediata por parte de las autoridades.
Respuesta institucional ante la denuncia
De acuerdo con el Ministerio de Salud, una vez recibida la información, se procedió a apartar a la funcionaria de su puesto de manera preventiva mientras avanzan las investigaciones administrativas.
La institución aseguró que se activaron todos los mecanismos internos establecidos para este tipo de situaciones, con el objetivo de resguardar la integridad de los menores atendidos en el centro y garantizar un entorno seguro.
Este tipo de medidas forman parte de los protocolos diseñados para actuar con rapidez ante cualquier sospecha de vulneración de derechos de la niñez, priorizando siempre la protección de los menores.
Un sistema clave bajo la lupa
Los CEN-CINAI representan uno de los pilares del sistema de cuido infantil en Costa Rica. Actualmente, estos centros brindan atención integral, alimentación y seguimiento a cerca de 181 mil niños en distintas zonas del país, especialmente en comunidades con mayores necesidades sociales.
Por esa razón, cualquier señalamiento relacionado con posibles abusos o maltrato genera una fuerte preocupación, tanto a nivel institucional como en la ciudadanía, al tratarse de espacios que deben garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de la niñez.
Investigación en curso y posibles sanciones
El Ministerio de Salud confirmó que el caso continúa en análisis y que se están recopilando los elementos necesarios para determinar eventuales responsabilidades.
Asimismo, las autoridades no descartan la aplicación de sanciones en caso de comprobarse los hechos denunciados, en línea con la normativa vigente y el compromiso estatal de proteger a la población menor de edad.
El proceso se mantiene abierto, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes dentro del marco administrativo.
