La Fiscalía Adjunta de Género (FAG) confirmó que investiga a un periodista de apellidos Contreras Méndez por producción de material audiovisual y tenencia de material pornográfico infantil, en presunto perjuicio de personas menores de edad.
El expediente, que inicialmente estaba en la Unidad de Trámite Rápido de San José, fue remitido a la FAG al detectarse nuevos hechos delictivos vinculados con la especialidad de esa dependencia.
Los hechos que originaron la investigación
La causa se remonta al 10 de octubre de 2024, cuando el periodista cubría una audiencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en la que participaba el fiscal general de la República, Carlo Díaz.
Según la denuncia presentada por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, el comunicador le tomó una fotografía de la parte trasera de su cuerpo sin su consentimiento, mientras ella atendía un llamado del fiscal general para precisar información oficial.
Los escoltas del jerarca habrían detectado el hecho e intervinieron de inmediato. Posteriormente, se contactó a las autoridades competentes para abrir una investigación formal.
Declaración de la denunciante
En su momento, Vargas manifestó:
“Estaba cumpliendo funciones propias de mi trabajo cuando fui alertada por la seguridad del Congreso para atender una situación. Me informaron que un sujeto en la barra del público me había tomado y compartido una fotografía con aparente connotación sexual, sin que yo me diera cuenta”.
Evidencia decomisada y diligencias judiciales
El 4 de marzo de este año, por orden del Juzgado Penal de San José, se abrió la evidencia de dos teléfonos celulares decomisados al periodista el mismo día de la denuncia.
En cumplimiento del artículo 295 del Código Procesal Penal, la Fiscalía no puede revelar los resultados de estas diligencias mientras la causa esté en investigación.
Marco legal aplicable
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Artículo 173 bis del Código Penal: sanciona con prisión de uno a cuatro años la posesión de material pornográfico infantil.
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Artículo 175 quinquies: establece penas de 10 a 18 meses de prisión para quien capte material de connotación sexual sin consentimiento en espacios públicos, aumentando a hasta tres años si el contenido es compartido.
