El proceso judicial contra Don Stockwell, conocido productor de conciertos en Costa Rica, ha tomado un giro inesperado luego de que la Fiscalía solicitara una audiencia de medidas cautelares… en su domicilio. Esta petición, poco común en el sistema judicial costarricense, responde a las constantes ausencias del empresario a las audiencias, pese a que ya fue declarado médicamente apto para enfrentar el juicio.
Stockwell es acusado por el delito de estafa relacionado con un fallido concierto del artista Luis Miguel, pero desde abril pasado ha logrado postergar el inicio del debate alegando problemas de salud. Su estrategia ha consistido en presentar incapacidades médicas emitidas por doctores particulares, situación que ha generado dudas y señalamientos por parte de la parte querellante.
La abogada Gloriana Valladares, representante de la víctima, ha criticado con firmeza la validez de los documentos médicos entregados por Stockwell. Uno de ellos, presentado el pasado 28 de abril, presentaba inconsistencias según explicó. Lo más llamativo ocurrió recientemente, cuando el productor se presentó en el Poder Judicial acompañado de un médico que, en lugar de avalar su capacidad de asistir al juicio, adujo que su estado estaba afectado por efectos secundarios del medicamento Gravol.
No obstante, una evaluación médica realizada por Medicina Legal en abril confirmó que el productor estaba en condiciones de presentarse al juicio desde el pasado miércoles 30 de abril. A pesar de ello, Stockwell no compareció y tampoco lo hizo este viernes a la audiencia de medidas cautelares, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar que dicha audiencia se lleve a cabo en su residencia.
En el contexto jurídico costarricense, esta es una medida excepcional. Las audiencias de esta naturaleza se realizan generalmente en tribunales, y solo cuando se presenta una condición médica debidamente justificada se consideran otros espacios, como centros médicos. Que se realice en la casa de un imputado es algo prácticamente inédito.
Ante la falta de avances, el Tribunal Penal de Pavas ha reprogramado el inicio del debate para los días 16, 19 y 20 de mayo. Mientras tanto, crece la presión social y legal para que el caso no quede en el limbo, especialmente considerando que el empresario ya ha estado envuelto en otras polémicas, como el pago de una deuda de $105.000 relacionada con otro concierto fallido, esta vez con la banda AC/DC.
Lo que está en juego no es solo el esclarecimiento de un supuesto delito económico, sino también la credibilidad de un sistema que debe garantizar que nadie, por influyente que sea, evada su responsabilidad ante la justicia.
