El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya García, aseguró que los recortes presupuestarios aplicados al Poder Judicial representan una amenaza para la institucionalidad democrática del país y advirtió que Costa Rica podría encaminarse hacia un modelo autoritario si continúa el debilitamiento financiero de ese poder de la República.
Las declaraciones fueron realizadas durante la sesión de Corte Plena celebrada este lunes, en la que magistrados y altos jerarcas judiciales analizaron el impacto de las reducciones presupuestarias aplicadas por el Ministerio de Hacienda.
“Las democracias ahora acaban con golpes presupuestarios”
Durante su intervención, Araya sostuvo que las democracias modernas ya no desaparecen mediante golpes de Estado, sino a través de restricciones económicas que limitan el funcionamiento de las instituciones.
“En el pasado las democracias acababan con golpes de Estado; en el presente las democracias acaban con golpes presupuestarios. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia un autoritarismo, no tengo ninguna duda”, afirmó el magistrado.
Según explicó, el debilitamiento del Poder Judicial se está produciendo de manera gradual mediante reducciones presupuestarias que afectan su capacidad de operación.
Advierte sobre nuevos recortes
Araya señaló que ya existen proyecciones de nuevas limitaciones para los presupuestos correspondientes a 2026 y 2027, además de mecanismos administrativos que, según indicó, dificultan la ejecución de recursos previamente aprobados.
A su criterio, esta situación compromete la sostenibilidad financiera de la institución y genera incertidumbre sobre la posibilidad de concluir el año fiscal sin afectar los servicios judiciales.
Fiscal General comparte la preocupación
El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, respaldó las manifestaciones del magistrado y aseguró que las restricciones presupuestarias ya afectan el trabajo del Ministerio Público.
“Es el inicio del cierre del Poder Judicial, pero yo no diría tal vez tanto cierre, sino de la toma del Poder Judicial”, manifestó.
Díaz explicó que la falta de recursos limita la capacidad para investigar delitos de alto impacto relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada, corrupción y legitimación de capitales.
También advirtió que los recortes en combustibles, viáticos y otros gastos operativos dificultan la realización de diligencias judiciales y ponen en riesgo los programas de protección para víctimas y testigos.
OIJ y Defensa Pública también advierten consecuencias
El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, señaló que las consecuencias podrían comenzar a reflejarse a partir de diciembre.
Según explicó, podrían presentarse dificultades para adquirir combustible para las unidades policiales, realizar allanamientos, ejecutar peritajes especializados y comprar herramientas tecnológicas utilizadas en la investigación del crimen organizado.
Por su parte, el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, indicó que la reducción de recursos incrementaría la mora judicial y dificultaría la atención de audiencias, diligencias en territorios indígenas y servicios de traducción para personas usuarias del sistema judicial.
Corte autoriza acciones legales
Ante el escenario planteado, los magistrados acordaron autorizar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, para que impulse las acciones legales que considere necesarias con el objetivo de cuestionar el más reciente ajuste presupuestario.
De acuerdo con el Poder Judicial, las disminuciones aplicadas por el Ministerio de Hacienda alcanzan aproximadamente ₡16.273 millones respecto a las necesidades presupuestarias planteadas por la institución.
Entre ellas figura la retención reciente de ₡3.053 millones, equivalente al 42% de los recursos destinados a gastos operativos para el resto del año, situación que, según las autoridades judiciales, compromete el funcionamiento de distintas dependencias encargadas de la administración de justicia.
