La administración del Hotel Punta Leona, uno de los complejos turísticos más reconocidos del Pacífico costarricense, anunció que acudirá a la vía judicial tras recibir una orden de la Municipalidad de Garabito para retirar presuntas construcciones ilegales en Playa Blanca.
La polémica gira en torno a estructuras que, según el municipio, estarían ocupando indebidamente los primeros 50 metros de la zona marítimo-terrestre, declarados por ley como de uso público. Por su parte, el hotel sostiene que todas sus edificaciones están dentro de propiedad privada debidamente inscrita.
Hotel defiende legalidad de su propiedad
En un comunicado oficial, el Hotel Punta Leona aseguró contar con el respaldo técnico, legal y registral necesario para demostrar la legitimidad de sus construcciones, al tiempo que advirtió que cualquier intento de intervención sin un proceso legal formal podría acarrear consecuencias civiles, penales y administrativas.
“Cualquier acción arbitraria en este contexto podría acarrear consecuencias tanto institucionales como personales para quienes la ejecuten o respalden”, señaló la administración, al tiempo que reafirmó su compromiso con la seguridad jurídica, el desarrollo sostenible y la paz social del país.
También reiteraron su disposición al diálogo con las autoridades locales, siempre que se respete el marco legal y el debido proceso.
El conflicto: visita municipal y orden verbal
De acuerdo con el relato del hotel, el conflicto se intensificó el pasado 2 de julio, cuando el alcalde de Garabito, Francisco González, visitó el sitio con el aparente objetivo de ordenar el retiro de una aguja colocada —según la administración— dentro de propiedad privada.
La situación escaló cuando el alcalde, sin presentar documentación oficial, habría dado un plazo verbal de ocho días para retirar las construcciones ubicadas en el área, argumentando que se trataba de espacio público. El hotel rechazó el requerimiento por considerar que no existía un acto administrativo formal que lo sustentara.
Municipalidad insiste en aplicar la ley y garantizar acceso público
En declaraciones para este medio, el alcalde defendió su accionar asegurando que la visita fue pacífica y con fines de inspección. Afirmó que no se intentó realizar ninguna demolición, sino verificar si existía invasión del espacio público.
“La idea era inspeccionar cuánto del área pública está siendo ocupado. No se llegó con maquinaria ni con intención de botar nada”, explicó González, quien además detalló que el siguiente paso es realizar un levantamiento topográfico para determinar los límites exactos entre propiedad privada y zona pública.
Marco legal: lo que dice la ley
El eje del conflicto gira en torno a la Ley 6043 sobre la Zona Marítimo-Terrestre, que establece que los primeros 50 metros desde la pleamar más alta deben ser de uso público y libre acceso. Esta legislación, según el municipio, se está aplicando no solo en Punta Leona, sino también en otras zonas del cantón como Guacalillo y Herradura.
El hotel, por su parte, argumenta que cualquier intento de remover construcciones sin un proceso administrativo válido violaría el artículo 45 de la Constitución Política, el cual garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada salvo por causa de interés público debidamente comprobado y previa indemnización.
¿Qué sigue ahora?
El plazo otorgado por el municipio vence el próximo 10 de julio. De no cumplirse, la alcaldía evaluará si procede con una demolición o si se abre una vía de negociación. El alcalde también mencionó la necesidad de discutir el uso de una calle construida en el área presuntamente pública, que estaría restringida para fines privados.
