El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya, acudió este miércoles a los Tribunales de Goicoechea para rendir declaración en calidad de ofendido dentro de las investigaciones relacionadas con la toma de la Rectoría ocurrida el pasado 22 de abril.
La diligencia forma parte de las pesquisas que desarrollan las autoridades sobre los hechos registrados durante la ocupación del edificio administrativo.
Dos investigaciones permanecen abiertas
El Ministerio Público mantiene una causa por el presunto delito de daños, mientras que el Organismo de Investigación Judicial investiga un supuesto caso de coacción.
Ambos expedientes continúan tramitándose contra persona ignorada.
UCR diferencia protesta de daños al patrimonio
Durante sus declaraciones, Araya enfatizó que la universidad reconoce la protesta social como un mecanismo válido de expresión.
Sin embargo, señaló que los hechos ocurridos durante la toma no deben confundirse con una manifestación legítima debido a las afectaciones reportadas contra la infraestructura y el patrimonio institucional.
Grabaciones fueron entregadas al OIJ
Como parte de la colaboración con las autoridades, la UCR entregó grabaciones captadas por cámaras de seguridad instaladas en el edificio durante el periodo de ocupación.
Las imágenes forman parte del material que será analizado dentro de la investigación.
Consejo Universitario cambia posición
Paralelamente, el Consejo Universitario modificó su postura inicial respecto a los hechos.
Ahora solicita que se desarrollen acciones administrativas y legales para determinar posibles responsabilidades derivadas de lo ocurrido entre el 22 de abril y el 13 de mayo.
Daños superarían los ₡37 millones
Según datos proporcionados por la institución, las afectaciones a la infraestructura y al patrimonio universitario ascienden a aproximadamente ₡37 millones.
A esta cifra se suma cerca de ₡1,4 millones correspondientes a la pérdida de objetos personales reportados dentro de las instalaciones de la Rectoría.
Caso sigue en investigación
Las autoridades judiciales continúan recopilando información para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, las investigaciones avanzan tanto en la vía penal como en los procedimientos internos impulsados por la universidad.
