La tensión entre la Municipalidad de Garabito y el complejo turístico Punta Leona está en su punto más alto. El alcalde del cantón, Francisco González, anunció que están listos para intervenir en la zona marítimo-terrestre del proyecto turístico, acatando resoluciones judiciales pendientes desde hace dos décadas.
El foco del conflicto se centra en la conocida “aguja” de acceso al Punta Leona Beach Club & Nature Resort, así como en otras construcciones que, según las autoridades municipales, invaden territorio público. La demolición podría ocurrir en cualquier momento si los encargados del resort no proceden por cuenta propia.
“Estamos cumpliendo una orden judicial. Esto no es un capricho ni una persecución. Es un mandato que la Municipalidad está obligada a ejecutar”, declaró el alcalde González, quien aseguró que no se notificará previamente la intervención debido a la naturaleza del proceso.
Un conflicto que arrastra más de 20 años
La disputa no es nueva. Desde el 2004 existe una resolución firme (N.° 00349‑2004) del Tribunal de Casación Penal, que afecta directamente al complejo hotelero. A esta se suma una sentencia de la Sala Constitucional (expediente 12‑002222‑0007‑CO), que ordenó abrir el paso entre playa Mantas y playa Blanca, señalando que los obstáculos —incluido un muro de concreto— limitan el acceso libre a zonas públicas costeras.
González fue enfático en que lo que antes se consideraba una calle privada, hoy es un bien de uso público. “La zona marítimo-terrestre no puede ser privatizada, y si hay estructuras en ese territorio, no hay discusión: deben retirarse”, insistió el jerarca municipal.
Punta Leona se defiende en tribunales
Ante el inminente accionar del gobierno local, el complejo turístico interpuso dos medidas cautelares ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Goicoechea, logrando momentáneamente frenar la demolición.
- La primera medida prohíbe a la Municipalidad destruir la aguja ubicada en una finca inscrita como propiedad privada (matrícula 6‑25531‑000).
- La segunda impide realizar cualquier tipo de intervención en estructuras o caminos vinculados a proyectos turísticos que cuentan con permisos vigentes.
A esto se suma una denuncia penal presentada por el resort contra el alcalde por supuesto abuso de autoridad, relacionada con hechos ocurridos el pasado 2 de julio. Como parte del proceso, también solicitaron medidas cautelares que protejan al funcionario de posibles acciones administrativas.
¿Qué sigue?
La situación sigue en suspenso. Mientras la Municipalidad asegura estar lista para ejecutar lo ordenado judicialmente, los representantes legales de Punta Leona se atrincheran en los tribunales buscando frenar cualquier acto que consideren arbitrario.
Este caso reabre un debate constante en Costa Rica: ¿hasta qué punto se ha permitido la privatización de zonas costeras? La presión pública por recuperar el acceso a las playas se cruza con los intereses turísticos y la legalidad de ciertos permisos otorgados en el pasado.
Por ahora, Garabito espera la señal definitiva del Tribunal. Si no actúan, podrían enfrentar consecuencias legales. Pero si avanzan sin esperar los procesos cautelares, podrían exponerse a una nueva ola de denuncias.
