Las autoridades policiales de Zimbabue llevaron a cabo una operación que culminó con la detención del líder de una secta apostólica y otros siete miembros de la iglesia, luego de descubrir una serie de perturbadores hallazgos en su finca. Según informó a EFE el vocero policial Paul Nyathi el jueves 14 de marzo de 2024, entre los descubrimientos se encontraban 16 tumbas y al menos 251 menores, la mayoría de los cuales estaban siendo sometidos a trabajos forzados.
Nyathi detalló que, según las investigaciones policiales, la mayoría de los menores encontrados no tenían certificados de nacimiento y estaban siendo explotados para llevar a cabo diversas tareas físicas en beneficio de los líderes de la secta. Además, se descubrió que estos niños no estaban recibiendo educación formal y eran sometidos a abusos, incluyendo el trabajo forzado bajo la excusa de aprender habilidades para la vida.
La finca, ubicada en la localidad de Nyabira, en la provincia de Mashonalandia Occidental, también albergaba 16 tumbas, nueve de adultos y siete de niños, todas sin registros formales en la oficina del Registro General según lo establecido por la Ley de Registro de Nacimiento y Defunciones.
Los niños y mujeres rescatados fueron trasladados al hospital para ser sometidos a pruebas médicas y exámenes que determinen su estado de salud y si fueron víctimas de abusos. Mientras tanto, uno de los seguidores expresó su preocupación por el destino de los niños y mujeres rescatados.
La secta, conocida como Iglesia Apostólica de Johane Masowe, prohíbe leer la Biblia, aceptar empleos fuera de la comunidad, acudir al hospital y promueve la poligamia y el matrimonio temprano de niñas, según las autoridades policiales.
Este preocupante incidente en Zimbabue surge en un contexto donde casos similares han salido a la luz en otras partes del continente africano. En Kenia, un líder religioso y otros acusados enfrentan cargos por persuadir a cientos de personas a ayunar hasta la muerte en lo que se conoce como la «masacre de Shakahola». Las autoridades designaron a la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas, a la que pertenecían los acusados, como un grupo criminal organizado.
