Un video que circuló en redes sociales y que muestra a un bebé de apenas seis meses llorando de forma desesperada provocó una rápida reacción de las autoridades judiciales y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en Nicoya, Guanacaste.
La grabación generó una fuerte ola de indignación entre usuarios, luego de que se escuchara a una mujer —quien en apariencia sería la madre del menor— decir frases que alarmaron tanto a vecinos como a las instituciones encargadas de proteger a los menores de edad.
En el video se observa al pequeño acostado en una cama mientras llora de manera constante. Según se aprecia en las imágenes, el bebé aparentemente tenía hambre y buscaba consuelo, pero la mujer le responde: “Ahí seguirá, ahí se va a quedar. Si quiere el chupón que venga a agarrarlo, que está ahí, que aprenda a agarrarlo y sino que se quede ahí”.

Además, la mujer muestra el chupón colocado sobre un mueble, fuera del alcance del niño, mientras el menor continúa llorando desconsoladamente.
La situación fue reportada de inmediato ante las autoridades y el PANI confirmó que recibió la alerta desde el pasado martes 12 de mayo, tras una gestión realizada por la Fiscalía de Nicoya.
De acuerdo con la institución, el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata de la Región Chorotega activó un protocolo urgente para atender el caso.
“El incidente ingresó por supuesta negligencia. Se establece un posible delito de lesiones culposas y abuso o incumplimiento de autoridad parental”, detalló el PANI mediante información oficial.
Las autoridades también confirmaron que el bebé permanece hospitalizado y que mantienen coordinación directa con el hospital La Anexión para dar seguimiento a su estado de salud y protección.
Mientras tanto, las otras dos menores de la familia, de 9 y 16 años, fueron ubicadas bajo el cuidado de familiares cercanos como parte de una medida de protección provisional.
El PANI además indicó que, una vez que el bebé sea dado de alta, el cuido quedará a cargo de su padre.
El caso ahora se mantiene bajo investigación judicial y acompañamiento psicosocial, mientras las autoridades valoran las condiciones familiares y las medidas necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de los tres menores involucrados.


