La controversia judicial en torno a un caso de presunta agresión contra una menor de edad volvió a escalar este fin de semana, luego de que el Ministerio Público confirmara la presentación de un recurso de apelación contra la resolución que permitió la liberación de un hombre sospechoso de violación calificada.
El imputado, de apellidos Padilla Granados, fue detenido por orden de la Fiscalía Adjunta de Pococí, tras ser señalado como el presunto responsable de abusar sexualmente de una niña de 11 años que actualmente cursa un embarazo avanzado. De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre sería padrastro de la menor.
Durante la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía solicitó prisión preventiva, argumentando la gravedad del delito y la necesidad de proteger a la víctima. Sin embargo, el Juzgado Penal rechazó la solicitud y optó por imponer medidas alternas, entre ellas la obligación de mantener domicilio y trabajo fijos, la prohibición absoluta de acercarse o comunicarse con la menor, así como la orden de no ingresar al barrio donde ella reside ni aproximarse a menos de un kilómetro de su casa o centro educativo.
Ante esta decisión, el Ministerio Público confirmó que ya presentó la apelación correspondiente y ahora queda a la espera de que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia para insistir en la necesidad de que el sospechoso permanezca en prisión preventiva mientras avanza el proceso.
El expediente judicial quedó asignado a la Unidad de Género de la Fiscalía de Pococí, bajo el número de caso 26-000068-1887-PE. Paralelamente, se mantienen activos los protocolos institucionales de protección dirigidos a salvaguardar la integridad física y emocional de la menor.
El caso salió a la luz pública luego de que la niña ingresara la semana anterior al Hospital de Guápiles, donde el personal médico confirmó que tenía un embarazo de aproximadamente seis meses. A partir de este hallazgo, se activaron las coordinaciones interinstitucionales y las diligencias judiciales correspondientes.
Según la información oficial recopilada en las primeras etapas de la investigación, el padrastro figura como principal sospechoso de los hechos, con la presunta existencia de conocimiento y consentimiento por parte de la madre, extremo que también forma parte de las indagaciones.
Por su parte, el Patronato Nacional de la Infancia indicó que la situación fue atendida tras un reporte canalizado mediante el sistema de emergencias 9-1-1. La institución coordinó el traslado de la menor al centro médico y la presentación de la denuncia judicial, aclarando que no existían antecedentes previos de intervención en este núcleo familiar.
Actualmente, la menor permanece hospitalizada bajo observación médica y el PANI solicitó valoraciones especializadas en el área de Ginecología, como parte del abordaje integral del caso.
