La ocupación de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica continúa generando controversia luego de que las autoridades universitarias revelaran que los daños y pérdidas ocasionados durante la protesta ya superan los ₡37 millones.
Tras recuperar el control del edificio, funcionarios universitarios realizaron una inspección detallada que permitió dimensionar el impacto económico dejado por la toma de las instalaciones.
Según el informe preliminar, las afectaciones no se limitan a daños en infraestructura, sino que también incluyen la desaparición de diversos bienes institucionales utilizados diariamente por funcionarios y personal administrativo.
Entre los artículos reportados como desaparecidos figuran hornos de microondas, cafeteras, licuadoras, vajillas y otros electrodomésticos que se encontraban en áreas de uso común dentro de los cafetines para empleados.
El reporte también señala la ausencia de numerosos insumos almacenados en bodegas de mantenimiento.
De acuerdo con la información oficial, entre los materiales faltantes aparecen productos de limpieza, desinfectantes, jabones, bolsas plásticas, escobas, papel higiénico y hasta basureros utilizados en distintas oficinas del edificio.
La evaluación realizada por la Oficina de Servicios Generales estima que aproximadamente ₡20 millones corresponden a daños en infraestructura física.
Las reparaciones incluyen puertas destruidas, cerraduras forzadas, ventanas dañadas y afectaciones en sistemas internos de seguridad.
A esa cifra se suman otros ₡17 millones asociados a daños en redes, equipos e infraestructura tecnológica que también habría sido manipulada durante los días que permaneció ocupado el inmueble.
La divulgación del inventario provocó reacciones encontradas dentro y fuera de la comunidad universitaria.
Mientras algunos sectores defienden la legitimidad de las manifestaciones estudiantiles, otros cuestionan los daños ocasionados y exigen determinar responsabilidades por las pérdidas reportadas.
Las autoridades universitarias continúan recopilando información para establecer con precisión el alcance de los daños y definir las acciones administrativas y legales que podrían derivarse de los hechos ocurridos durante la ocupación.
