El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, anunció que el Gobierno iniciará acciones legales contra Globalvia para exigir el cobro de multas por el cierre de la Ruta 27.
Según indicó el jerarca, la sanción ascendería a 50.000 dólares por cada día que la carretera permanezca fuera de servicio debido a la emergencia que afecta uno de los principales corredores viales del país.
La medida surge luego de los graves daños reportados en la vía, donde un hundimiento provocó afectaciones importantes y obligó a restringir el paso de vehículos en sectores cercanos a Orotina.
Zeledón señaló que el Ministerio considera que la concesionaria debe asumir las responsabilidades establecidas en el contrato de operación de la carretera y responder por las consecuencias derivadas de la interrupción del servicio.
La Ruta 27 es una de las carreteras más estratégicas de Costa Rica, ya que conecta el Gran Área Metropolitana con el Pacífico Central y concentra diariamente el tránsito de miles de conductores, turistas y transporte de mercancías.
El cierre parcial o total de esta vía genera impactos económicos significativos, además de complicaciones para el traslado de personas y productos hacia puertos y zonas turísticas.
Desde el Gobierno existe preocupación por el tiempo que podrían extenderse las reparaciones y por las afectaciones que la situación ya está provocando en el tránsito nacional.
Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la emergencia mientras avanzan las evaluaciones técnicas para determinar el alcance de los daños y las medidas necesarias para restablecer completamente la circulación.
El anuncio del MOPT abre ahora un nuevo frente entre el Estado y la empresa concesionaria, en medio de una situación que mantiene la atención de miles de usuarios que dependen diariamente de la Ruta 27.
