Desde un condominio en una de las zonas más cotizadas de Escazú hasta un salón de belleza en Santa Ana y un bar en pleno centro de San José, las autoridades pusieron la mira sobre lo que, en apariencia, eran negocios formales y activos. Sin embargo, detrás de esa fachada comercial, el Ministerio Público sospecha que se movían recursos vinculados al narcotráfico.
El operativo, que arrancó desde las 6:00 a.m. de este jueves, es dirigido por el Organismo de Investigación Judicial en conjunto con la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales. Las diligencias forman parte de una investigación que se remonta a hechos anteriores al 2019 y que apunta a una estructura que habría perfeccionado un esquema para “limpiar” dinero de origen ilícito.
La ruta del dinero: lujo, empresas y vehículos de alta gama
Según el expediente judicial, el grupo investigado, presuntamente liderado por un hombre de apellidos Cambronero Arauz y su pareja Guevara Arguedas, habría utilizado distintas estrategias para transformar capital procedente del negocio de drogas en activos aparentemente legales.
Entre los movimientos bajo análisis destacan la compra de propiedades en zonas de alto valor, adquisición de vehículos de lujo y la creación de sociedades comerciales que operaban de manera visible ante el público. Este patrón es común en casos de legitimación de capitales: se invierte el dinero en negocios que permiten justificar ingresos y movimientos bancarios.
Las autoridades investigan si el salón de belleza y el bar intervenidos funcionaban como parte de ese engranaje financiero, permitiendo mezclar ingresos legales con fondos ilícitos.
Más que lavado: vínculos con violencia y asaltos de droga
El caso no se limita al presunto blanqueo de capitales. La investigación también conecta a los sospechosos con asaltos a cargamentos de droga pertenecientes a otras organizaciones criminales.
De acuerdo con los datos preliminares, en algunos de estos hechos los implicados se habrían hecho pasar por oficiales de policía, utilizando distintivos similares a los de cuerpos judiciales para interceptar personas y apoderarse de la mercancía.
Uno de los episodios más delicados ocurrió en setiembre del 2021 en la zona de Tárcoles, donde se registró un intercambio de disparos con oficiales de la Fuerza Pública. En la escena quedaron chalecos antibalas y armas de alto calibre abandonadas, tras la huida de los sospechosos. Ese evento marcó un punto clave dentro de la investigación.
Evidencia tecnológica y rastreo de vehículos
El Ministerio Público sostiene que en al menos dos eventos se detectó la presencia de vehículos vinculados con la pareja investigada. Además, registros de telefonía ubicarían a los sospechosos en puntos estratégicos durante los hechos bajo análisis.
Este tipo de evidencia —geolocalización, análisis de llamadas y seguimiento vehicular— suele ser determinante en causas de crimen organizado, ya que permite reconstruir movimientos y establecer patrones de coordinación.
Operativo en desarrollo
Las diligencias continúan y no se descartan más detenciones o decomisos en las próximas horas. Las autoridades prometieron ampliar detalles conforme avance el proceso.
El caso vuelve a poner sobre la mesa cómo estructuras criminales buscan camuflarse en entornos de alto perfil y actividades comerciales cotidianas dentro del Gran Área Metropolitana, aprovechando la apariencia de legalidad para mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas inmediatas.
