La batalla legal del exmagistrado Celso Gamboa por evitar su extradición a Estados Unidos sufrió un nuevo revés este jueves, luego de que la Sala Constitucional decidiera rechazar una segunda acción de inconstitucionalidad en su contra.
El recurso, tramitado bajo el expediente 25-021062-0007-CO, pretendía frenar la posibilidad de enviar a Gamboa fuera del país, argumentando que la reciente reforma al artículo 32 de la Constitución vulneraba derechos fundamentales de los costarricenses.
Esta reforma —avalada mediante la Ley 10730— abrió la puerta para extraditar a ciudadanos nacionales en casos de narcotráfico y terrorismo, algo que antes era prohibido por la Carta Magna. Justamente, esa modificación es el blanco de la defensa del exfiscal general, requerido por la justicia estadounidense por presunto tráfico internacional de drogas.
Según la parte accionante, la reforma va en contra de principios como la prohibición de la retroactividad, la soberanía nacional, la garantía del juez natural y el derecho de toda persona a no ser desarraigada de su patria. También se alegó una posible contradicción con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece garantías frente a expulsiones arbitrarias.
Sin embargo, la Sala fue clara en su resolución 2025-024826: no le corresponde valorar el contenido de las reformas constitucionales, ya que su función se limita a confirmar si los trámites legislativos se realizaron conforme a lo que dicta la Constitución.
En otras palabras, la Sala se declaró incompetente para entrar en el fondo del asunto, lo que representa un golpe significativo para la estrategia de la defensa de Gamboa, que había apostado por cuestionar la legalidad de la reforma como una forma de frenar su salida del país.
¿Qué sigue ahora para Gamboa?
Este fallo no implica que la extradición se ejecute de inmediato, pero sí despeja uno de los principales obstáculos legales que buscaban sus abogados. Con esta decisión, las autoridades podrían avanzar con el proceso, siempre y cuando se cumplan los requisitos judiciales y diplomáticos establecidos.
Gamboa continúa detenido mientras su defensa explora nuevas vías para frenar su entrega a las autoridades norteamericanas. Sin embargo, los recursos parecen agotarse, y cada revés judicial refuerza la posibilidad de que finalmente tenga que enfrentar la justicia fuera del país.
Este caso ha generado amplio debate en Costa Rica sobre el alcance de los derechos fundamentales, la lucha contra el crimen organizado y los límites del principio de no extradición. A pesar del ruido mediático, la posición de la Sala Constitucional marca un precedente: cuando se trata de reformas debidamente tramitadas, ni siquiera ellos pueden intervenir en su contenido.
