La absolución de los acusados en el caso conocido como “Reaseguros” no solo puso fin a uno de los procesos judiciales más largos de Costa Rica, sino que también podría representar un importante desembolso para las finanzas públicas.
Según la sentencia emitida por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, el Estado deberá cubrir aproximadamente $7,1 millones, equivalentes a unos ₡3.220 millones, por concepto de costas procesales y honorarios profesionales de los abogados que participaron en la defensa de los imputados.
La decisión surge luego de que los jueces absolvieron de forma unánime a todos los acusados, quienes enfrentaron un proceso penal que se extendió durante cerca de 25 años.
Miguel Ángel Rodríguez recibiría más de ₡1.300 millones
De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez tendría derecho a recibir ₡1.368 millones destinados a cubrir los gastos asociados a su defensa legal.
La misma suma fue fijada para un exjefe de reaseguros de apellido Acuña, mientras que el monto restante, cercano a ₡485 millones, sería repartido entre los demás exfuncionarios absueltos de apellidos Corrales, Bonilla y Lara.
Tribunal cuestionó actuación de la Fiscalía
Durante la lectura del fallo, la jueza Mercedes Muñoz realizó observaciones relacionadas con la acusación sostenida durante el proceso.
Según se indicó en la sentencia, la Fiscalía llegó a solicitar más de un siglo de prisión para el expresidente, fundamentando su caso en elementos probatorios que el tribunal consideró insuficientes.
Además, la resolución ordenó investigar actuaciones vinculadas con el manejo de la acusación dentro del Ministerio Público.
Fiscalía anuncia apelación
Ante el impacto económico que tendría la sentencia para el Estado, la Fiscalía General de la República confirmó que presentará un recurso de apelación.
La intención del Ministerio Público es que una instancia superior revise la resolución relacionada con las costas procesales y los honorarios fijados por el tribunal.
Mientras esa apelación se tramita, el caso continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político, debido a la magnitud de los montos involucrados y al tiempo que tomó llegar a una resolución definitiva.
