«Mandar a los hijos a la escuela en Liberia se ha convertido en un auténtico deporte extremo. Una sorpresiva inspección de la Defensoría de los Habitantes acaba de destapar condiciones de infraestructura que rayan en la negligencia criminal. En una escuela, 250 niños conviven a diario con ventanales quebrados y un tanque de gas que amenaza con volar el aula de música en cualquier momento. En otra, la burocracia legal obliga a los escolares a comer en turnos maratónicos de apenas 10 minutos. Le desglosamos el oscuro laberinto de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP y por qué el Estado lleva desde el 2019 arrastrando los pies mientras los estudiantes guanacastecos arriesgan sus vidas.»
Mientras el discurso oficial habla de la «ruta de la educación», la cruda realidad en las aulas de Guanacaste cuenta una historia de abandono, peligro y tramitología asfixiante. Tras recibir un aluvión de denuncias ciudadanas, un equipo de la Defensoría de los Habitantes se desplazó hasta el cantón de Liberia para realizar una inspección sorpresa, revelando que el derecho a un entorno educativo seguro es, en muchos casos, letra muerta.
El foco de la investigación se centró en dos instituciones: la Escuela Barrio La Cruz y la Escuela Isabel Brown Brown. Los hallazgos en ambas sedes desnudan la inoperancia histórica del Ministerio de Educación Pública (MEP) a la hora de resolver crisis de infraestructura.
Escuela Barrio La Cruz: Una ruina que amenaza a 250 estudiantes
El caso más crítico e indignante lo protagoniza la Escuela Barrio La Cruz. Tras ser declarada inhabitable en su sede original, el MEP «parcheó» el problema reubicando a los estudiantes en las viejas instalaciones de la Escuela Laboratorio John F. Kennedy. Lo que debía ser una medida temporal se ha convertido en un calvario que se arrastra desde el 2019.
Hoy, 250 menores y 32 funcionarios (entre docentes y administrativos) sobreviven en condiciones deplorables. El reporte de la Defensoría es escalofriante y enumera peligros inminentes para la integridad física:
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Riesgo de explosión: Una tubería de gas atraviesa descaradamente el medio de un aula, mientras que el cilindro principal está instalado peligrosamente cerca del salón de música.
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Trampas de cristal y metal: Ventanales quebrados con vidrios esparcidos por las zonas verdes donde juegan los niños, techos podridos y pesadas puertas de metal a punto de colapsar sobre los estudiantes.
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Incomunicación total: La institución opera en pleno 2026 sin acceso a internet ni línea telefónica.
A pesar de que la Junta de Educación ha movido cielo y tierra para lograr la demolición de la antigua estructura y presionar a la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) por el presupuesto de la obra nueva, el tortuguismo estatal los mantiene en un limbo peligroso.
Análisis Burocrático: El caso de la Isabel Brown Brown
El contraste en la misma ciudad lo ofrece la Escuela Isabel Brown Brown. Con una población mucho mayor (720 estudiantes y 60 funcionarios), la inspección corroboró que aquí sí hubo una mejora sustancial reciente: inodoros nuevos, cambio de tanque séptico y reposición de cerámicas.
Sin embargo, el análisis de la Defensoría advierte de un «cuello de botella» jurídico que podría frenar su futuro. El terreno donde se asienta la escuela no está a nombre del MEP. Este insólito vacío legal se encuentra atascado en el Juzgado Contencioso Administrativo. En Costa Rica, si la propiedad no le pertenece al Estado, el Ministerio de Hacienda no puede girar presupuestos mayores para construir nuevas instalaciones.
Esta traba legal tiene una consecuencia directa y estresante todos los días: el comedor escolar sigue siendo diminuto para la cantidad de alumnos. Para lograr alimentar a toda la población estudiantil, la dirección se ve obligada a meter a los niños en grupos con un tiempo máximo de 10 minutos para comer, una práctica que los expertos en nutrición y salud infantil tildan de inaceptable y perjudicial para la digestión y el bienestar de los menores.
