La salud es un derecho, pero también es una necesidad.
Y aunque muchos procedimientos quirúrgicos se hacen por razones estéticas, otros buscan corregir problemas reales que afectan la calidad de vida y la salud de las personas.
Durante décadas, este tipo de cirugías estuvo en manos de un solo grupo: los cirujanos plásticos. Ellos concentraron el mercado, los precios y las decisiones.
Pero con el paso de los años, la realidad cambió.
Cada vez más médicos cirujanos generales, legalmente habilitados por su título profesional y por la ley, comenzaron a ofrecer procedimientos estéticos y quirúrgicos a precios más justos.
Esto abrió el acceso a más opciones para los pacientes.
¿El resultado?
Lo que antes costaba 5.000 dólares, hoy puede costar 1.500 dólares. Por lo tanto: más competencia, más opciones, más acceso.
Y aquí es donde estalla la polémica.
Según denuncian médicos cirujanos generales, esta apertura rompió un monopolio histórico y redujo la cantidad de pacientes y cirugías en ciertos sectores tradicionales.
Ellos aseguran que detrás del discurso de “defender a la población” se esconde otra realidad: una lucha por conservar un mercado millonario, una batalla por mantener privilegios y una resistencia a perder control económico.
“Si realmente quisieran mejorar la seguridad del paciente, estarían sentados en mesas de diálogo, no persiguiendo colegas”, afirman.
Hoy, médicos que ejercen medicina y cirugía estética aseguran sentirse atacados profesionalmente.
Todo esto mientras insisten en que trabajan amparados por la ley costarricense.
También cuestionan el papel del Colegio de Médicos, al que acusan de actuar con parcialidad y de estar influenciado por los mismos grupos que históricamente han dominado este mercado.
Lo que está en juego no es solo una disputa entre médicos. Lo que está en juego es el derecho del paciente a elegir, el acceso a precios más justos, la competencia en salud privada y un negocio que mueve millones de dólares cada año.
Para muchos, esto ya no es solo medicina. Es poder, dinero y control.
Y la pregunta que queda en el aire es:
¿Se está defendiendo realmente al paciente…
o se está defendiendo un monopolio?
