Costa Rica está a punto de cometer un grave error. Si el decreto que pretende limitar las funciones de los médicos generales se aprueba, la consecuencia será inmediata y devastadora: la atención médica será más cara, más lenta y más inaccesible para miles de familias. No se trata solo de una disputa profesional, sino de una decisión que golpeará directamente a los pacientes, especialmente a quienes viven lejos de los grandes hospitales.
¿Quiénes son los que suben a las montañas, entran a las áreas protegidas y llegan a las comunidades más olvidadas del país? Los médicos cirujanos generales. ¿Quiénes atienden pueblos donde no existen especialistas ni clínicas privadas? Los médicos generales. ¿Quiénes hacen visitas domiciliarias en lugares donde ningún especialista se atreve a entrar? Los médicos generales. ¿Y quiénes resuelven emergencias y realizan procedimientos cuando los especialistas duermen durante las guardias? Los médicos generales.
Limitar su labor equivale a dejar sin atención a poblaciones enteras y a convertir la salud en un privilegio para pocos. Este decreto empujará a los pacientes a depender de un grupo reducido de especialistas, generando más filas, más listas de espera y facturas médicas más altas.
Mientras el país sufre una alarmante escasez de especialistas, en lugar de abrir más plazas y fortalecer la atención primaria, se opta por debilitar al pilar del sistema sanitario nacional. Lejos de proteger a la población, esta medida amenaza con transformar la salud en un lujo y con profundizar la desigualdad en las zonas donde más se necesita atención.
Lo que está en juego no es solo el trabajo de los médicos generales: es el derecho de miles de costarricenses a recibir atención médica oportuna, cercana y accesible
