El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dictó una resolución histórica que pone bajo la lupa el uso de las redes sociales en la política costarricense.
Según el voto n.° 1703-E1-2026, los magistrados determinaron que la hoy presidenta electa, Laura Fernández Delgado, vulneró el derecho al acceso a la información electoral y al ejercicio informado del voto al bloquear temporalmente a una ciudadana de su cuenta oficial de campaña. La afectada, la activista y escritora Mia Fink Uleth, denunció que la restricción ocurrió tras publicar comentarios críticos, pero respetuosos, sobre la entonces candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Aunque Fernández argumentó en su defensa que el perfil @laura_fernandez_delgado es de carácter personal y no una herramienta institucional financiada con fondos públicos, el Tribunal fue tajante al señalar que la cuenta se utilizó exclusivamente para difundir propaganda y contenidos de su candidatura presidencial. Para los jueces, impedir el acceso a estas publicaciones sin una justificación válida constituye una afectación directa a los derechos fundamentales de los electores, quienes dependen de estos canales para participar en el debate político.
El caso tomó un giro relevante cuando se acreditó que, si bien el bloqueo fue levantado luego de que se notificara el recurso de amparo, el daño ya se había consumado durante el periodo de restricción. Por esta razón, el TSE declaró el recurso con lugar únicamente para efectos indemnizatorios, lo que significa que la presidenta electa ha sido condenada al pago de costas, daños y perjuicios, montos que deberán ser liquidados en la vía correspondiente.
Este fallo, que no fue unánime debido al voto salvado de dos magistrados, sienta un precedente crítico sobre los deberes reforzados que asumen los candidatos en la era digital.
El Tribunal recordó que quienes aspiran a cargos de elección popular deben respetar principios de igualdad y libertad de expresión, especialmente cuando convierten sus perfiles sociales en vitrinas de su oferta política, limitando su capacidad de silenciar voces disidentes en espacios que se vuelven de interés público.
