Una propuesta lanzada en televisión volvió a encender la discusión nacional sobre seguridad y soberanía. El abogado Fabián Silva, asesor ad honorem de la presidenta electa Laura Fernández Delgado, planteó la posibilidad de permitir bases militares de Estados Unidos en territorio costarricense como estrategia para enfrentar al narcotráfico.
Las declaraciones fueron emitidas en el programa “El Octavo Mandamiento” de Canal Opa, donde Silva sugirió instalar presencia militar estadounidense en zonas estratégicas como Limón, Puntarenas y Guanacaste. Según expuso, la idea sería facilitar la captura de cabecillas del crimen organizado y su eventual traslado a tribunales norteamericanos.
El asesor argumentó que una medida de ese calibre enviaría un mensaje contundente a las estructuras criminales internacionales y evitaría que el país se convierta en un punto de refugio ante operativos en otras naciones de la región.
No obstante, la propuesta abre un debate de fondo. Costa Rica abolió su Ejército en 1948, decisión que marcó su identidad institucional y política en el plano internacional. Posteriormente, la Constitución Política estableció la prohibición de fuerzas armadas permanentes, limitando la defensa y la seguridad a cuerpos policiales civiles.
En ese contexto, permitir bases militares extranjeras implicaría reformas constitucionales y acuerdos internacionales de alto impacto jurídico. También demandaría un amplio consenso político en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde cualquier modificación estructural requeriría mayorías calificadas y un debate profundo sobre sus alcances.
Silva cuestionó públicamente si el nuevo Congreso tendrá la disposición de discutir una iniciativa de esta magnitud. Más allá de la viabilidad legal, el planteamiento reaviva tensiones históricas entre la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la defensa del modelo pacifista costarricense.
En los últimos años, el país ha enfrentado un incremento en los índices de violencia asociados al narcotráfico y disputas territoriales entre bandas. Esa realidad ha presionado al Estado a reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad, especialmente con Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora dicha colaboración se ha limitado a operaciones conjuntas, intercambio de información y patrullajes coordinados, sin presencia de bases militares permanentes.
Las declaraciones del asesor colocan sobre la mesa una discusión compleja que trasciende lo policial. El eventual establecimiento de bases extranjeras tocaría fibras sensibles vinculadas a soberanía, política exterior e identidad nacional. Por ahora, se trata de una propuesta que genera reacciones y que, de avanzar, obligaría a redefinir pilares fundamentales del ordenamiento jurídico costarricense.
