La presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala III), Patricia Solano Castro, criticó la gestión financiera del Gobierno de la presidenta Laura Fernández, luego de que la Corte Plena aprobara un recorte de ₡13.242 millones al presupuesto del Poder Judicial, medida impulsada a solicitud del Ministerio de Hacienda.
La magistrada expresó su preocupación por el impacto que la reducción presupuestaria tendrá sobre áreas sensibles como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, al considerar que limita recursos destinados a la seguridad y la administración de justicia.
“La economía jaguar no llega ni a gatito”
Durante su intervención, Solano cuestionó el discurso económico que, según indicó, se presentó durante la campaña electoral y lo comparó con la situación fiscal actual.
“Qué curioso, en febrero, antes de las elecciones, teníamos una economía jaguar, fuerte para Costa Rica, y resulta que dos, tres meses después esta economía no llega ni a gatito”, manifestó.
La magistrada sostuvo que las actuales medidas de austeridad contrastan con el mensaje de fortaleza económica que, a su criterio, se transmitía meses atrás.
Cuestiona argumentos sobre la falta de recursos
Solano también hizo referencia a las explicaciones brindadas por el Poder Ejecutivo sobre la necesidad de ajustar el gasto público.
Según indicó, ahora se argumenta que no existen suficientes recursos y que el país debe cumplir compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Lo que nos dicen es que no hay dinero y que el Fondo Monetario Internacional nos dice que tenemos que ajustar el presupuesto nacional porque no se cumplieron los requisitos”, expresó.
Pide cuentas sobre el manejo de las finanzas públicas
La presidenta de la Sala III también cuestionó la administración de los recursos públicos durante los últimos años y planteó una interrogante sobre la evolución de la situación económica.
“Si hace cuatro años el actual ministro de Hacienda recibió una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y una economía que se venía saneando, ¿qué pasó en cuatro años?”, preguntó.
Preocupación por el impacto en la justicia
Las declaraciones de Solano reflejan el malestar existente dentro del Poder Judicial por los recortes presupuestarios que afectan el funcionamiento de instituciones vinculadas a la investigación y persecución del delito.
El ajuste aprobado forma parte de las medidas fiscales impulsadas por el Ministerio de Hacienda para atender las finanzas públicas, decisión que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores del Poder Judicial.
