El activista y defensor de derechos humanos Janekeith Orliden Durán Barberena presentó un recurso de amparo contra la Presidencia de la República, al considerar que la respuesta brindada a una solicitud de información sobre las pruebas de polígrafo aplicadas a altos funcionarios del Gobierno fue incompleta.
Según explicó, el recurso busca que la Sala Constitucional determine si se vulneró el derecho de acceso a la información pública.
Cuestiona respuesta de Presidencia
Durán indicó que el pasado 9 de junio solicitó información relacionada con la contratación, el financiamiento, los costos y la ejecución de las pruebas de polígrafo realizadas a jerarcas del Poder Ejecutivo.
No obstante, aseguró que la respuesta recibida el 22 de junio no atendió de forma integral los aspectos consultados.
De acuerdo con el activista, la Presidencia únicamente informó que las evaluaciones fueron efectuadas por la empresa privada IPSC, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Señala información faltante
Entre los aspectos que, según el recurso, no fueron entregados se encuentran:
- El contrato, orden de servicio u otra documentación relacionada con la contratación.
- El costo total de las pruebas y el origen de los recursos utilizados para financiarlas.
- Información sobre si el equipo empleado pertenece al Estado y el lugar donde se realizaron las evaluaciones.
- Los informes completos relacionados con los resultados, preguntas y respuestas de las pruebas.
Solicita medida cautelar
El recurso también solicita a la Sala Constitucional una medida cautelar para impedir que cualquier documentación relacionada con las pruebas sea destruida, modificada o clasificada mientras se resuelve el proceso.
Durán sostiene que la confidencialidad invocada por la Presidencia no justificaría restringir el acceso a la información solicitada y afirma que no existe un decreto ejecutivo que la declare secreto de Estado.
Caso surgió tras destitución de jerarcas
La controversia se produce después de que el Gobierno informara la destitución de siete jerarcas que reprobaron las pruebas de polígrafo, así como la apertura de investigaciones ordenadas por la presidenta Laura Fernández.
Entre las personas que, según Durán, fueron sometidas a estas evaluaciones figuran el ministro de Justicia y Paz, el ministro de Comunicación y Enlace, el director interino del OIJ, Michael Soto, y el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad.
Ahora corresponderá a la Sala Constitucional decidir si admite el recurso y analizar si la respuesta brindada por la Presidencia cumplió con las obligaciones de acceso a la información pública establecidas por la legislación costarricense.
