La salida de Costa Rica de un espacio regional enfocado en derechos de la población LGBTIQ+ dentro de la Organización de los Estados Americanos sigue generando reacciones encendidas en el ámbito político nacional. Esta vez, el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, lanzó duras críticas contra la decisión impulsada por la administración del presidente Rodrigo Chaves.
El legislador cuestionó con firmeza la postura del Ejecutivo, señalando que responde a una visión que, según él, se aleja de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En su criterio, el argumento del Gobierno —que sostiene que el país ya cumplió sus objetivos dentro de ese grupo— carece de sustento.
“Decir que Costa Rica no tiene nada que hacer ahí es una falacia”, afirmó Ortega, quien además calificó la medida como un reflejo de “doble moral” y de una tendencia a alinearse con posturas conservadoras en el escenario internacional.
Pendientes en derechos y alertas internacionales
Más allá del debate político, el diputado insistió en que el país aún enfrenta retos importantes en materia de derechos para la población diversa. Entre ellos, mencionó la falta de una legislación integral que regule la identidad de género, así como la ausencia de una prohibición explícita de las llamadas terapias de conversión.
También puso sobre la mesa preocupaciones en áreas sensibles como la educación sexual y la atención del VIH, donde —según denunció— se han debilitado esfuerzos institucionales clave, incluyendo campañas de prevención.
Ortega respaldó sus críticas citando datos de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente un informe del 2025 que advierte sobre un incremento significativo en discursos de odio y actos de discriminación hacia la población LGBTIQ+.
Debate sobre el rol internacional de Costa Rica
El fondo de la discusión trasciende lo local y abre un cuestionamiento sobre el papel de Costa Rica en espacios multilaterales. Para el diputado, la participación en estos foros no solo responde a necesidades internas, sino también a un principio de cooperación internacional.
“El multilateralismo exige que entre las partes nos ayudemos”, sostuvo, subrayando que incluso países con avances en derechos humanos mantienen su presencia en estos espacios como parte de un compromiso colectivo.
La decisión del Gobierno ha marcado una nueva línea de tensión en la política nacional, en un contexto donde los temas de derechos humanos, política exterior y diversidad continúan generando posiciones encontradas dentro y fuera del país.
