La presidenta de la República, Laura Fernández, se refirió en conferencia de prensa a la polémica generada tras la destitución de siete jefaturas policiales que no habrían superado una prueba de polígrafo aplicada dentro de un proceso de evaluación interna en materia de seguridad.
La mandataria defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que no teme a eventuales acciones judiciales derivadas de su decisión.
“Demándenme, los estoy esperando, no me importa”, dijo Fernández.
Según la información oficial, por orden de la Presidencia se aplicó la prueba de polígrafo a un total de 33 jefaturas policiales que integran el grupo denominado “Fuerza Élite”, una estructura creada para la toma de decisiones estratégicas en seguridad nacional.
De ese grupo, siete funcionarios no habrían aprobado la evaluación, la cual incluyó consultas relacionadas con presuntos vínculos con crimen organizado, narcotráfico y recepción de dádivas.
Tras los resultados, el Ejecutivo procedió a su separación de los puestos de confianza, aunque se aclaró que los funcionarios regresarían a sus plazas en propiedad dentro del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
“No pienso aflojar, le caiga mal al que le caiga mal, esto no es un concurso de popularidad y sí, mandé a despedir a los directores que estaban llegando al equipo de Fuerza Élite por la simple y llana razón de que no pasaron la prueba de polígrafo, y yo no voy a trabajar con gente a mi lado discutiendo estrategias de seguridad nacional donde tengo una pérdida de confianza en esas personas”, indicó Fernández.
En conferencia de prensa, la mandataria añadió que se ordenó la apertura de un proceso de revisión administrativa sobre los expedientes laborales de los funcionarios involucrados.
“Hoy (miércoles) firmé el órgano instructor para revisar los expedientes laborales de estos siete funcionarios que ocupaban elevados rangos policiales, lo instruí y lo vamos a manejar desde mi despacho y ¿por qué desde mi despacho? Porque no confío”.
El Gobierno no ha detallado los nombres ni los cargos específicos de los jefes destituidos, al tratarse de puestos de confianza dentro de la estructura policial.
Asimismo, se indicó que los resultados de las pruebas no serán divulgados, al considerarse información de carácter personal.
La presidenta explicó además que la evaluación no solo se aplicó a mandos policiales, sino también a integrantes del Ejecutivo.
Fernández mencionó que ella misma se sometió a la prueba, al igual que los vicepresidentes Francisco Gamboa y Douglas Soto.
La aplicación de los polígrafo estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), en coordinación con una empresa privada certificada, según detalló el Ejecutivo.
“No puedo yo trabajar con gente discutiendo estrategias de seguridad nacional delicadísimos, a dónde vamos a entrar, qué vamos a priorizar, cómo lo vamos a hacer y uno durmiendo con el enemigo”, indicó la mandataria.
Fernández afirmó finalmente que la medida se ampara en la normativa vigente y que forma parte de los mecanismos de control interno en materia de seguridad.
