La diputada Claudia Dobles lanzó fuertes acusaciones en la Asamblea Legislativa tras denunciar un supuesto sabotaje político alrededor del proceso para nombrar magistrados suplentes de la Sala Constitucional de Costa Rica.
Durante una intervención en el plenario, la legisladora de la coalición Agenda Ciudadana aseguró que un grupo de diputados estaría utilizando abstenciones estratégicas para bloquear el avance de las votaciones y evitar que se completen los nombramientos pendientes en la Sala IV.
Según Dobles, detrás de las abstenciones existiría una intención política relacionada con la escogencia de candidatos cercanos o favorables al Gobierno.
“La premisa de que hasta que no haya personas que ustedes consideren aliadas del Gobierno no va a avanzar esto es un sabotaje”, afirmó la diputada durante su discurso.
La legisladora advirtió que el retraso en estos nombramientos afecta directamente el funcionamiento de la Sala Constitucional y termina perjudicando a miles de costarricenses que recurren al tribunal mediante recursos de amparo y otras acciones legales.
La elección de magistrados suplentes corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa y requiere acuerdos políticos entre las distintas fracciones parlamentarias.
Sin embargo, el proceso lleva varios meses estancado debido a diferencias internas y falta de consensos dentro del Congreso.
Dobles también elevó la presión sobre la presidencia legislativa al solicitar públicamente la aplicación de sanciones económicas contra los diputados que se abstienen de votar.
La diputada exigió que se eliminen las dietas correspondientes a las sesiones donde legisladores, según su criterio, estarían incumpliendo con su deber constitucional de participar en la votación.
“Como mínimo corresponde ejecutar el reglamento y eliminar las dietas de las diputaciones que se están absteniendo”, reclamó.
El planteamiento abrió un nuevo foco de tensión dentro del Congreso, ya que el reglamento legislativo contempla medidas relacionadas con la participación en determinadas votaciones y responsabilidades parlamentarias.
La controversia ocurre en un momento donde la Asamblea Legislativa enfrenta múltiples conflictos políticos y crecientes dificultades para construir acuerdos en temas sensibles, incluyendo nombramientos judiciales, reformas estructurales y proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.
