Cerca de 800 trabajadores están a punto de quedarse sin empleo y más de 1.200 hectáreas de producción bananera podrían quedar abandonadas en Costa Rica. La empresa Del Monte anunció el cierre de cuatro fincas productivas.
La oposición habló
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Ronald Campos, salió a exigir una respuesta urgente del Ejecutivo y fue directo al señalar que esto va mucho más allá de una decisión empresarial.
«Lo que hoy ocurre en las regiones bananeras no puede reducirse a un simple ajuste empresarial. Detrás de cada finca cerrada hay familias que pierden su sustento, comunidades que se debilitan, comercios que desaparecen y jóvenes que enfrentan el desempleo o la migración como únicas alternativas», advirtió el legislador.
Para Campos, el cierre de Del Monte no llegó de sorpresa. Durante la discusión del informe presidencial ya había advertido sobre el deterioro del agro costarricense: productores en quiebra, pérdida de competitividad, apertura comercial sin contrapeso, ausencia de apoyo técnico y financiero, inseguridad jurídica y un tipo de cambio que golpea directamente a quienes exportan desde las zonas rurales.
«Costa Rica no puede resignarse a abandonar su producción nacional mientras crecen la pobreza y la desigualdad en las zonas rurales», sentenció.
Una salida concreta: que los trabajadores se queden con las fincas
Campos puso sobre la mesa una propuesta: que el Gobierno convoque de urgencia al sistema cooperativo nacional, específicamente a INFOCOOP, CONACOOP y CENECOOP, para analizar la posibilidad de cooperativizar las fincas y mantener la producción activa en manos de los propios trabajadores.
«Quienes durante años sostuvieron estas plantaciones tienen la capacidad y el derecho de liderar una nueva etapa productiva basada en la economía social solidaria. El cooperativismo costarricense ha demostrado ser una herramienta eficaz para rescatar empresas, proteger el empleo y generar desarrollo con justicia social», afirmó el diputado.
El mensaje final del legislador fue un ultimátum directo al Ejecutivo: «Hoy, más que nunca, se requiere voluntad política. No se puede permitir que miles de hectáreas queden abandonadas mientras cientos de familias enfrentan el desempleo y la incertidumbre. El país necesita acciones concretas para defender el agro, el trabajo digno y el desarrollo de las comunidades rurales».
El reloj corre para 800 familias que no saben qué viene después.
