Más de la mitad del negocio de loterías y apuestas que se mueve en Costa Rica opera actualmente fuera de la ley, según estimaciones de la Junta de Protección Social (JPS), una situación que estaría generando pérdidas millonarias para los programas sociales financiados por la institución.
Ante este panorama, la diputada oficialista Esmeralda Britton presentó un proyecto de ley que pretende modernizar la regulación del sector, combatir las operaciones clandestinas y establecer sanciones que podrían alcanzar hasta seis años de prisión.
Negocio ilegal movería ₡297.000 millones al año
Datos de la JPS estiman que el mercado ilegal de loterías y apuestas genera alrededor de ₡297.000 millones anuales.
La preocupación de las autoridades radica en que aproximadamente un 53% de toda la actividad relacionada con juegos de azar se desarrolla actualmente al margen de la regulación estatal.
Según Britton, esta realidad limita los ingresos que podrían destinarse a programas sociales, organizaciones benéficas y proyectos financiados mediante recursos de la Junta.
Proponen penas de cárcel
La iniciativa legislativa contempla sanciones penales para quienes operen actividades relacionadas con loterías y apuestas ilegales.
El texto plantea condenas que oscilarían entre los dos y seis años de prisión, dependiendo de la gravedad de las conductas detectadas y de la existencia de circunstancias agravantes.
La legisladora sostiene que actualmente las autoridades cuentan con pocas herramientas para combatir este tipo de operaciones.
“Cierran un día y vuelven a abrir”
Britton explicó que en la actualidad las municipalidades tienen facultades limitadas para actuar contra puntos de venta ilegales.
Según indicó, en muchos casos los establecimientos son clausurados únicamente por 24 horas y reanudan sus actividades al día siguiente sin mayores consecuencias.
La situación cambia únicamente cuando las investigaciones logran vincular estos negocios con delitos relacionados con narcotráfico o crimen organizado.
JPS busca ingresar al mercado digital
Uno de los cambios más importantes que contempla la propuesta es la modernización de la Junta de Protección Social para competir en el mercado digital.
La iniciativa permitiría regular apuestas deportivas, plataformas de juego en línea y otros productos que actualmente operan mediante empresas internacionales sin supervisión local.
Britton asegura que numerosos países de la región ya han incorporado este tipo de sistemas con resultados positivos en recaudación.
Más de 100 operadores funcionan sin regulación
Según cifras citadas por la diputada, actualmente existen más de 100 operadores internacionales que ofrecen apuestas en línea a usuarios costarricenses sin estar sujetos a controles nacionales.
El proyecto permitiría otorgar autorizaciones formales para que estas empresas operen legalmente bajo supervisión de la JPS.
Además, se establecerían mecanismos de fiscalización, requisitos técnicos y herramientas tecnológicas para detectar y bloquear operaciones ilegales.
Buscan fortalecer lucha contra el crimen organizado
Las autoridades consideran que una regulación más robusta permitiría cerrar espacios utilizados por redes ilegales para mover dinero y desarrollar actividades vinculadas a otras estructuras criminales.
Por esa razón, la propuesta se presenta como parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad, modernizar la industria del juego y recuperar recursos que actualmente escapan del control estatal.
El proyecto deberá ahora iniciar su trámite en la Asamblea Legislativa, donde se abrirá el debate sobre el futuro de las apuestas, los juegos de azar y la fiscalización de una industria que mueve cientos de miles de millones de colones cada año en Costa Rica.
