Chaves arremete contra el Ministerio Público y la Contraloría tras fallo legislativo que absuelve políticamente el Caso Barrenador
El resultado del informe aprobado por la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa encendió esta semana una de las conferencias de prensa más contundentes del gobierno de Rodrigo Chaves. El mandatario no midió palabras al calificar el llamado Caso Barrenador como una operación fabricada, dirigida con mala intención y sin respaldo probatorio real.
“El que sabe lo que siembra no le teme a la cosecha”, dijo el presidente ante los medios de comunicación, en una declaración que resume su postura desde el inicio de la polémica.
Para Chaves, el informe legislativo de mayoría viene a confirmar lo que él siempre sostuvo: que no había base sólida para señalar políticamente a Marta Esquivel, quien encabezaba la Caja Costarricense de Seguro Social cuando el caso estalló públicamente. La exjerarca fue detenida en un operativo que el mandatario describió como innecesariamente humillante, señalando que fue trasladada en condiciones que, a su juicio, no se justificaban ante la ausencia de pruebas contundentes.
Esa convicción, según explicó el propio presidente, fue la razón por la que decidió nombrarla posteriormente como ministra de Planificación Nacional, una designación que en su momento generó críticas y que ahora Chaves defiende como una muestra de coherencia política.
Sin embargo, los cuestionamientos más duros de la mañana no fueron para sus adversarios políticos, sino para dos instituciones del Estado. El presidente señaló directamente a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público como actores que, en su opinión, contribuyeron a armar un expediente sin fundamento real. El momento más tenso llegó cuando, mirando a la cámara, dirigió un mensaje personal al fiscal general Carlo Díaz: “Vergüenza, Carlo, vergüenza.”
Es importante distinguir lo que el informe legislativo determina y lo que no. La comisión, al aprobar sus conclusiones por mayoría, descartó que existiera responsabilidad de índole política en el caso. No obstante, eso no cierra la puerta a eventuales consecuencias en el ámbito penal, terreno que corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia y cuya resolución puede tomar un camino completamente distinto.
El Caso Barrenador nació de una serie de investigaciones por presuntas irregularidades en contratos relacionados con Ebáis administrados por cooperativas, lo que derivó en allanamientos y medidas cautelares contra varios funcionarios de la CCSS. Desde sus inicios, el caso dividió opiniones sobre si se trataba de una investigación legítima o de una presión política contra figuras cercanas al gobierno.
Lo que queda claro es que el debate está lejos de cerrarse. El fallo legislativo le da oxígeno político al gobierno, pero las investigaciones judiciales siguen su curso, y en Costa Rica, como bien sabe cualquier observador del sistema, los tiempos de la justicia penal raramente coinciden con los de la política.
