El debate alrededor del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico volvió a subir de tono luego de que sectores críticos cuestionaran fuertemente la posición del diputado José María Villalta, a quien acusan de utilizar un discurso alarmista para generar temor entre la población costarricense.
Las críticas surgieron tras varias declaraciones emitidas por el legislador del Frente Amplio sobre el expediente 23.414, iniciativa que impulsa cambios dentro del modelo eléctrico nacional y que ha provocado una intensa discusión política, empresarial y sindical en el país.
Quienes respaldan la propuesta aseguran que Villalta ha optado por una estrategia basada en mensajes de impacto mediático, advirtiendo sobre posibles apagones y aumentos en las tarifas eléctricas sin presentar, según sus detractores, estudios técnicos concluyentes que respalden esos escenarios.
El proyecto de armonización eléctrica busca modificar aspectos regulatorios y operativos del sistema energético costarricense, bajo el argumento de modernizar el mercado y permitir una mayor eficiencia en el suministro eléctrico.
Sin embargo, sectores sindicales y agrupaciones políticas cercanas al ICE sostienen que la iniciativa abriría la puerta a una mayor participación privada dentro del sistema, algo que consideran riesgoso para el modelo histórico costarricense.
Los cuestionamientos hacia Villalta señalan que, en lugar de promover un debate técnico sobre competitividad, sostenibilidad y estabilidad energética, el diputado habría centrado su discurso en una narrativa de crisis que, según sus críticos, busca capitalizar políticamente el temor ciudadano.
Además, algunos sectores consideran llamativo que la discusión se intensifique precisamente en momentos donde Costa Rica enfrenta tensiones regionales relacionadas con temas energéticos y comerciales, particularmente tras recientes diferencias diplomáticas con Panamá.
Mientras tanto, defensores del proyecto aseguran que la reforma pretende fortalecer la capacidad del país para responder a los desafíos energéticos futuros, modernizar la infraestructura y garantizar sostenibilidad a largo plazo.
El expediente continúa generando fuertes divisiones dentro de la Asamblea Legislativa, donde el tema eléctrico se ha convertido en uno de los debates políticos más sensibles y polarizados de los últimos meses.
